La recta final para la aprobación de los Presupuestos el próximo jueves solo ha reafirmado que la apuesta real de Pedro Sánchez para dar cobertura a su legislatura no es el constitucionalismo, sino el bloque de «partidos Frankenstein» -expresión acuñada por Alfredo Pérez Rubalcaba-, que utilizan al PSOE a capricho para desarrollar su proyecto independentista, su ofensiva fiscal contra Madrid y, en definitiva, un plan profundamente antidemocrático con el que enfrentar a los ciudadanos.

Si días atrás fue Felipe González quien rechazó que la actual dirección del PSOE pretenda silenciarle, y quien arremetió contra el error de entregarse en brazos de ERC y de Bildu, ayer fue José Luis Rodríguez Zapatero quien acudió en auxilio del presidente del Gobierno para agitar la precampaña de Cataluña y reivindicar a Sánchez como el fedatario de su herencia política.

Zapatero se arrogó el fin de ETA sin citar el trabajo de jueces, fiscales o policías, contribuyó a amplificar la estrategia de blanqueo sistemático de Bildu, y apeló indirectamente a la concesión de indultos para los líderes separatistas condenados.

Es esa táctica «apaciguadora» tan del gusto de Sánchez para poner la «política» por encima de la ley e impulsar una renuncia claudicante del Estado de Derecho frente a quienes quisieron violarlo con una declaración unilateral de independencia, o frente a quienes secuestraban y asesinaban.

Ese es hoy uno de los principales pecados capitales del socialismo: desapoderar al Estado de su capacidad coercitiva para luchar contra el golpismo, anular las decisiones judiciales por la vía de los hechos consumados, y garantizarse la legislatura, que es, por encima de los principios, la única prioridad real de Sánchez.

Por eso, el candidato socialista Miquel Iceta no es creíble cuando afirma que jamás pactará con el independentismo, y por eso el ministro de Justicia hace ostentación de su reforma penal para desactivar el delito de sedición, de manera que la excarcelación de los condenados, incluso sin indulto, se produzca en cuestión de semanas.

Los mensajes que emite el PSOE son alarmantes porque Sánchez ya ha diseñado la «triangulación» de la legislatura de la mano de quienes quieren suplantar la ley vigente con una legalidad alternativa, por más que se disfracen ahora de «armonizadores» fiscales imponiendo directrices inconstitucionales.

Ya demostró el socialismo catalán con dos tripartitos junto a ERC y con una reforma estatutaria ilegal que es irrelevante lo que diga ahora Iceta, quien por cierto llegó a apelar en su programa electoral a una regulación del derecho de autodeterminación

Sánchez, sus ministros, Iceta, Ferraz y los barones regionales del PSOE ya han apostado, y su objetivo es la Comunidad de Madrid. Cinco semanas han trascurrido desde que Pablo Casado telefoneó a Sánchez, y aún no hay respuesta de La Moncloa.

Su único propósito era cerrar su acuerdo con el nacionalismo rupturista y jamás hizo el más mínimo intento de negociar con el PP. Ayer se sumaron a esta reedición de Frankenstein cuatro diputados más surgidos de la implosión del PDECat, que se enrolan en la guerra fiscal abierta por Sánchez contra la bajada de impuestos en las autonomías del PP.

Resueltos los Presupuestos, que nadie espere de Sánchez un giro al socialismo moderado. A sus ojos, los constitucionalistas seguirán siendo esa «ultraderecha» cuya división tantos réditos otorga a la izquierda. El PSOE solo busca la manera de condicionar el nuevo Gobierno catalán que surja en febrero para formar parte de él junto a ERC y Podemos, mientras ríe las gracias a Arnaldo Otegui.

El resto, a Sánchez le es indiferente.

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