EL REY, BALUARTE DE LA LIBERTAD DE TODOS

No incurrimos en juicio de intenciones si denunciamos que la pretendida comisión de investigación parlamentaria que han solicitado Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu a cuenta de las llamadas «cintas de Corina» no busca arrojar luz sobre nada, sino el desgaste y el desprestigio de la Institución monárquica, piedra angular del Estado democrático español.

Lo de menos es la pobre excusa de un asunto propio de la prensa amarilla que, además, ya fue despachado por el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, en una comparecencia ante la comisión de Gastos Reservados del Congreso el 19 de marzo de 2013, porque lo que está en juego es la propia viabilidad de la Nación, que se ve acosada por unos partidos de extrema izquierda que rechazan el pacto de la Transición y buscan la ruptura institucional, y por unas formaciones separatistas que no han dudado en dar un golpe antidemocrático para romper la unidad de España, pasando por encima del principio indeclinable de que la soberanía nacional corresponde al conjunto de los ciudadanos.

En ambos casos, pero señaladamente en el segundo, las pretensiones desestabilizadoras chocan contra una sólida arquitectura constitucional, simbolizada en el Jefe del Estado, Su Majestad Felipe VI, que en momentos políticos de extrema gravedad, como en los sucesos de octubre de 2017 en Cataluña, ha sabido encabezar la defensa de los derechos fundamentales de los españoles.

En efecto, la intervención de Don Felipe ante la maniobra del separatismo catalán, respaldando con claridad la labor de las instituciones que debían restituir la legalidad en el Principado, y la firmeza de un discurso inequívocamente constitucional, que devolvió la confianza a una sociedad atónita y desconcertada ante el espectáculo de una institución del Estado, como es la Generalitat de Cataluña, saltándose públicamente la Ley, ha hecho del Rey una pieza a batir para los enemigos de la unidad de España, que él representa, y para quienes pretenden acabar con la Monarquía parlamentaria desde una presumida y falsa superioridad moral y política republicana, rechazada por la inmensa mayoría de los españoles.

Oiremos en los próximos días la misma cantinela sobre la búsqueda de la transparencia en las instituciones y asistiremos a las redobladas presiones sobre el PSOE de quienes tienen en su mano, tras la irreflexiva moción de censura, la continuidad del actual Gobierno socialista. Pero confiamos en la vocación de Estado, ya demostrada, de la socialdemocracia española para parar este intento espurio de desgastar la figura del Jefe del Estado y a la propia Institución que representa.

La actual Monarquía no sólo está en el impulso y el basamento de la restauración de la democracia en España, sino que ha sabido desempeñar su papel institucional con respeto exquisito al ordenamiento constitucional y, hay que insistir en ello, en aquellos momentos en que la libertad de los españoles se ha visto amenazada, el Rey se ha significado como su principal garante y defensor.

El ataque a la Monarquía supone, pues, atentar contra el pilar del sistema democrático español, que ha hecho de España una de las naciones más libres, prósperas e igualitarias del concierto internacional. Si no todo vale en la pugna partidaria, menos tolerable es la desinformación aviesa de la opinión pública.

Entre otras consideraciones, porque si existe alguna institución del Estado donde se han respetado escrupulosamente los principios de legalidad y de transparencia, esa es la Monarquía. Los ciudadanos, que valoran en su justa medida la figura del Rey, no entenderían que los partidos constitucionalistas admitieran la burda maniobra parlamentaria que urden populistas y separatistas.

La Razón