El Gobierno ha decidido esperar a que concluyesen las elecciones en Madrid para hacer público uno de los mayores ‘hachazos’ fiscales de nuestra democracia, si no el mayor. Aún está por detallar la factura del sablazo, pero ‘a priori’ su cuantificación se estima en 80.000 millones, y todo ello sin tocar el gasto público. Hasta en diez ocasiones Pedro Sánchez anunció su plan de estabilidad, y en todas ellas ocultó a sabiendas el incremento fiscal que preparaba. Típico.

En las últimas semanas solo ha habido un incesante goteo de filtraciones interesadas que nada concretaban sobre la cifra final con la que los españoles se verán castigados. La única certeza es que no afectará solo a lo que la izquierda llama demagógicamente ‘ricos’, sino a todas las capas sociales sin distinción. Que cada cual extraiga sus propias conclusiones, como lo acaba de hacer el electorado madrileño.

En cualquier caso, la falta de transparencia y la manipulación de la realidad económica es un indicio claro del camino que sigue eligiendo el Gobierno a la hora de tratar a los ciudadanos para intentar convencer a Europa de que el suyo es un Ejecutivo fiable.

El de este Sánchez, convertido en un recaudador implacable, no es ningún programa de estabilidad. Es una ofensiva directa e indiscriminada contra los bolsillos, derivada de una merma de ingresos para sufragar los presupuestos del Estado más expansivos posibles, en el momento menos oportuno. El Gobierno que tanto criminalizó al PP por haber disparado los recortes durante la etapa de Mariano Rajoy es hoy quien inicia el peor de los recortes posibles, el de la cartera de cada contribuyente, con una sangría que tendrá consecuencias en el gasto familiar y en el consumo.

Es inconcebible que el gasto público disparado se quiera paliar solo a base de medidas abusivas, que además crearán las peores condiciones para la recuperación o el empleo. No en vano, es el único país que ha comunicado a la Comisión Europea un alza masiva de la fiscalidad, lo que indica que una vez más la izquierda populista española va a contracorriente de otras economías frente a la recesión.

La subida de los impuestos aplicable en los próximos meses al diésel, a la matriculación de coches y a la circulación, unido al pago de peajes en las autovías a partir de enero de 2024, configuran un panorama desolador para el segmento de la automoción y del transporte. Y no es una fiscalidad contra los más adinerados. Eso es desconocer la clase media española.

Como lo es también establecer tipos mínimos para los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, en una clara persecución a las comunidades gobernadas por el PP. También eliminará un número no concretado de deducciones fiscales, no menos de una quincena en cualquier caso, y creará nuevos impuestos verdes. Todo lo contrario de lo que una reactivación cabal exige.

Nunca un Gobierno dio la sensación de estar tan desesperado, ni siquiera el del PP en 2011 cuando hizo frente a las consecuencias de la crisis de 2008. Por eso el PP tiene ahora la ocasión idónea de plantar cara, y no por estrictos intereses de oposición política, sino por la lógica que impone que la abrasión de los bolsillos no ayuda a la recuperación. Si acaso, solo ayuda a mantener el proyecto ideológico del sanchismo para una España más pobre.

Este atraco fiscal debe ser la palanca con la que las autonomías del PP planteen realmente al ciudadano una alternativa a Sánchez.

ABC