A la vista de la contundente argumentación de los informes elaborados por la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy difícil, salvo que cometa una arbitrariedad flagrante, poder indultar a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición.

No hay ni un solo criterio objetivo que avale la concesión de esta medida de gracia sencillamente porque no son merecedores de ella: el delito cometido es muy grave, las penas son severas, no existe arrepentimiento formal, y el riesgo de reiteración delictiva es notable.

Incluso, se jactan de ello en prisión. Los informes de la Fiscalía y de la Sala Penal del Tribunal Supremo son cruciales en la inmensa mayoría de los casos, y condicionan de tal manera la concesión de cualquier indulto que con un criterio desfavorable de estos órganos su excarcelación debería ser inviable.

No son dictámenes vinculantes, pero sería un escándalo político que Sánchez favoreciese a personas castigadas con hasta trece años de cárcel sin contar con la opinión positiva del Tribunal que las juzgó. Sería tanto como desautorizar de modo expreso y fulminante al Supremo en beneficio de quienes se confabularon para desmantelar el Estado de Derecho con una declaración unilateral de independencia.

Es conocido que en el Gobierno hay voces partidarias de indultos urgentes, como si nada hubiese ocurrido en aquel otoño de 2017, o como si la sedición fuese un delito irrelevante. Pero el indulto no es una herramienta política para usarla a capricho por el Gobierno de turno.

Es un instrumento jurídico que no puede ser utilizado como moneda de cambio para avalar un chantaje del separatismo al Estado. Precisamente por eso, la discrecionalidad de cualquier Ejecutivo está limitada y puede ser impugnada por abusiva ante el propio Tribunal Supremo.

El argumento de la Fiscalía es impecable porque el indulto no es ninguna medida para satisfacer intereses políticos coyunturales. Y tampoco se puede conceder como respuesta de un Gobierno a sus socios parlamentarios solo porque un presidente y sus ministros discrepen de la sentencia, o por «pura conveniencia» para favorecer un determinado escenario político.

Un indulto no legitima la arbitrariedad, ni la «desviación de poder» ni el «alejamiento de la legalidad». No sustituye al Código Penal. Solo lo complementa de manera excepcional y cuando el condenado se hace merecedor de él con una conducta ejemplar, porque lo contrario sería trasladar a la sociedad un pésimo mensaje: por un lado, el Gobierno ataría de manos a nuestro sistema de independencia judicial, y por otro, se justificarían los intentos golpistas situándolos casi en el plano de una simple travesura inconsciente.

Esta es la gran farsa, pretender suplantar la legalidad por la vía de los hechos consumados bajo la coartada de que la política debe arreglar lo que los Tribunales estropean. No fue ninguna travesura ni un error puntual, sino un desafío para fracturar la unidad de España.

Y hoy aún sigue en pie. Ninguno fue condenado por ser independentista o por sus ideas, sino por tratar de destruir la convivencia. Por eso no existen los «presos políticos», sino unos extorsionadores que explotan a un Gobierno débil cuyo único objetivo es garantizar el poder a Sánchez.

De indultarlos, Sánchez habría puesto en juego la supervivencia de las instituciones frente a quienes las atacan invocando esa estafa política que es la independencia. Los indultos son cuestión de legalidad, no de nepotismo.

Lo grave sería que Sánchez se negara a distinguirlo porque nunca unos fiscales dijeron a un Gobierno con tanta firmeza que no puede equivocarse con la aplicación de la ley.

ABC

viñeta de Linda Galmor