El Tribunal Supremo concluyó ayer que la Fiscalía General no puede sacudirse de encima, y de un plumazo, medio centenar de querellas y denuncias contra la errática gestión política del Gobierno sobre la pandemia.

Aquel informe genérico con el que se despachó el fiscal Luis Navajas por indicación de Dolores Delgado, en el que sencillamente se concluye que nadie cometió un delito, fue una falta de respeto a los miles de muertos por coronavirus.

Es cierto que el Supremo no ha admitido en este trámite ninguna querella contra miembros del Gobierno. Pero para que la verdad sea completa, conviene añadir aquello de «en este momento».

De hecho, los jueces sí aprecian indicios de posibles conductas delictivas que, como mínimo, deben ser investigadas en juzgados ordinarios para depurar responsabilidades. Y si no hay aforados implicados hoy, eso no quiere decir que no los haya en el futuro.

Ni la gestión de la trágica muerte de miles de ancianos en residencias, ni la opacidad en los contratos del Estado durante la pandemia, ni las carencias en la protección de nuestros sanitarios son para que este Gobierno presuma.

Al contrario: son para que responda si hay delitos.

ABC