La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre los terceros grados concedidos a los presos condenados por el proceso independentista es un baño de luz entre tanta penumbra creada por el separatismo catalán y la coalición del Gobierno.

Los magistrados presididos por Manuel Marchena han resuelto que Oriol Junqueras y los demás condenados por sedición y malversación no merecen aún el tercer grado penitenciario y que lo legal es que sigan en la cárcel. Este es el primer mensaje de una serie de autos que recomponen oportunamente el escenario donde el Estado de Derecho ha sido degradado y expulsado de la vida institucional por culpa de las opciones políticas de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

La negociación de los Presupuestos y de la consolidación de la mayoría de izquierdas y separatistas se ha articulado, entre otros factores, sobre la deslegitimación de la Justicia, del Poder Judicial y de la independencia judicial.

El pacto de Iglesias y Sánchez con ERC aspiraba a un vaciamiento absoluto de la condena impuesta a los principales dirigentes de este partido. El indulto inmediato y la despenalización del delito de sedición por el que fueron condenados Junqueras y demás sediciosos eran valores fijos de la ecuación de la nueva mayoría «progresista» y de su agresión al Estado de Derecho.

La irrupción de estos autos -dictados al ritmo propio de este órgano judicial, es decir, con plena independencia-, permiten a la opinión pública volver a la esperanzadora realidad de que aún quedan jueces en España.

La Sala Segunda no ha hecho otra cosa que poner letra jurídica a la música del sentido común: Junqueras y los demás condenados por el 1-O llevan poco tiempo en la cárcel, sus condenas se deben a delitos muy graves y sus excarcelaciones se basaron en razones ajenas al recto sentido de la reinserción.

Las resoluciones del Supremo contienen un razonamiento técnico, pero muy claro, y también ofrecen dos declaraciones de fondo que trascienden lo puramente jurisdiccional.

La primera es que la Generalitat no puede utilizar sus competencias en materia penitenciaria para reinterpretar la sentencia de condena dictada y rebajar las consecuencias penales que impuso este tribunal a los condenados. Los magistrados aciertan plenamente con esta advertencia, porque su decisión no fue una intromisión judicial en un problema político, sino una respuesta judicial a unos actos delictivos.

Nada hay más peligroso en una democracia que el discurso de quienes ven solo un asunto político allí donde los jueces ven un delito. Esa idea de que lo que importa es la voluntad política y no el Código Penal suele ser propia del delincuente o de sus cómplices. El problema es que se trata de un eslogan que el propio Gobierno ha hecho suyo, como lo demostró el ministro de Justicia cuando reconoció que la reforma de la sedición es una respuesta a las condenas por el 1-O.

El segundo mensaje debe ser oído en el Gobierno y en la UE. La Sala utiliza frases lapidarias -deja las cosas muy claras- para destacar que Junqueras y compañía no están en prisión por ser independentistas, sino por ser delincuentes.

Por eso, recuerda oportunamente que en Cataluña gobierna el mismo partido al que pertenece Junqueras, lo que destruye el victimismo de los separatistas catalanes, cuyas mentiras son mejor recibidas en La Moncloa que en las instituciones europeas.

Más allá de la charlatanería de los portavoces oficiales, lo cierto es que los interlocutores del Gobierno siguen siendo un terrorista convicto como Arnaldo Otegui, y unos sediciosos en prisión.

ABC