EL SUPREMO HIPOTECA SU CRÉDITO

Lo mejor que cabe decir de la decisión que a última hora de la tarde tomó el Tribunal Supremo es que acaba con la incertidumbre jurídica. La doctrina ya está clara: quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -un tributo por lo demás incomprensible y anacrónico- no son los bancos sino los clientes que suscriban una hipoteca.

Es decir, el criterio opuesto del que quedó sentado en la polémica sentencia de hace poco más de 15 días. Entonces se cambió la doctrina para hacer recaer sobre la banca la responsabilidad del impuesto, en un giro que muchos juristas atribuyeron al populismo ambiental; ahora el populismo antiestablishment corre a proclamar que la Justicia se pliega al poder fáctico de la banca y obliga a pagar a los más vulnerables, es decir, a los hipotecados.

Sin embargo, a los análisis maniqueos de venta fácil conviene oponerles el ejercicio sosegado de la razón. No cabe discutir que el Alto Tribunal ha ofrecido estos días una triste imagen. La pésima gestión de Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, desnudó una división indeseable entre magistrados que debían resolver un asunto de máxima trascendencia social y económica.

La insólita decisión de aplazar los efectos de una sentencia firme hasta la celebración de un pleno posterior -algo por lo que Carlos Lesmes, presidente del TS, ya pidió perdón- contribuyó a extender la inseguridad y alimentar acusaciones paranoicas de connivencia con los poderes fácticos. Y cuando parecía que el Supremo adoptaría una solución salomónica que confirmase la sentencia pero acotase su retroactividad, por un ajustado margen de 15 contra 13 decide que todo quede como estaba. Es absurdo negar que en este viaje el Poder Judicial se ha dejado jirones de crédito, pues si algo piden los ciudadanos de una democracia es certeza jurídica.

Dicho esto, si fuera cierto que el Alto Tribunal opera por presiones externas habría que admitir que la presión de la calle no es más inocente o llevadera que la que puedan ejercer los bancos. Muchos jueces, de hecho, se reconocen más indefensos ante la primera que ante la segunda.

La Sala Tercera ya probó su independencia de criterio frente a los bancos cuando falló en su contra por el abuso constatado de las cláusulas suelo. Esta vez no se trata de una cláusula abusiva sino de una imprecisión reglamentaria que se ha arrastrado durante años y que por fin queda esclarecida. La culpa no es de los bancos ni de los clientes, sino de quien no supo redactar la norma con claridad.

La banca recobrará su salud bursátil, la litigiosidad no se disparará hasta desbordar los tribunales, las autonomías no asumirán un tributo que desequilibraría sus balanzas, Hacienda no tendrá que pelearse con los bancos ni estos repercutirán el coste sobre los clientes, quienes pierden un posible reembolso que llevan semanas calculando. Pero el daño reputacional que la Justicia se ha infligido es una hipoteca suya que pagamos todos.

El Mundo