El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León por el adelanto del toque de queda en esta comunidad autónoma retrata a la perfección el vacío absoluto en el que Sánchez ha sumido la llamada cogobernanza.

Como en tantas otras ocasiones, la factoría de eslóganes de La Moncloa se ha dado de bruces con la realidad del país y con las contradicciones del discurso de Pedro Sánchez. Se suponía que esta era la hora de las comunidades autónomas para hacer frente a la segunda y sucesivas olas de la pandemia del Covid-19.

Se suponía que el Gobierno central iba a ser el proveedor de las normas jurídicas necesarias para que los gobiernos autonómicos pudieran ejecutar las decisiones que La Moncloa descargaba en sus espaldas. Y, en definitiva, se suponía que el decreto del actual estado de alarma era suficiente para garantizar el marco legal de esta nueva etapa.

Es posible, y hasta probable, que el Gobierno central tenga razón cuando afirma que el ejecutivo de Castilla y León no puede imponer un toque de queda más restrictivo que el previsto por el decreto de estado de alarma. Como La Moncloa ha ordenado que la Abogacía del Estado recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la orden autonómica, serán otra vez los jueces los que tengan la última palabra.

Pero será la última palabra en el debate jurídico, porque el debate político seguirá abierto en la medida en que el Gobierno de Pedro Sánchez está más preocupado por el exhibicionismo de su poder sobre el Boletín Oficial del Estado que por hacer frente a la devastación que causa el Covid-19. Sánchez y su Gobierno no creen en el estado autonómico más que como escondite de su incompetencia.

Su respeto por las competencias autonómicas es tan falso como su federalismo, porque un modelo federal pondría orden en el caos actual con un mando único del que salieran instrucciones comunes para todo el territorio nacional. Hoy, España está descosida porque los responsables de combatir la pandemia son gobiernos autonómicos, que solo pueden regular lo que pasa en sus territorios.

Tanto repetir aquello de que el virus no conoce de fronteras y tanto exigir a la Unión Europea políticas comunes, y España es hoy la reedición de las taifas.

La tercera ola de la pandemia, si es que es la tercera, empequeñece día tras día la dimensión de Sánchez como presidente del Gobierno. Su ministro de Sanidad, Salvador Illa, una vez frustrado su salto a las elecciones catalanes, simboliza lo peor que le puede pasar a un gestor: la interinidad.

Cuando no se está ni a una cosa -el ministerio-, ni a otra -la candidatura a la Generalidad-, significa que el ciclo político se ha acabado. Lo mismo que a Fernando Simón, abrasado por sus juicios temerarios y sus pronósticos errados, y también porque su personaje ha dejado de hacer gracia al público de izquierda.

El Gobierno aparenta controlar la situación y, por eso, practica golpes de autoritarismo legal. A la Comunidad de Madrid le impuso un estado de alarma arbitrario e innecesario; y ahora demanda a la Junta de Castilla y León ante la Justicia, en vez de asumir que las previsiones del actual estado de alarma se han visto desbordadas por la avalancha de la tercera ola de la pandemia.

En vez de razonar, el gobierno prefiere mandar y trata a las comunidades con cobardía política, porque descarga en ellas el desgaste de la lucha contra el Covid-19, pero siempre que no pongan en evidencia, como está sucediendo, la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

ABC