La manera que ha adoptado el Gobierno de legislar aprovechando en la mayoría de los casos la excepcionalidad del estado de alarma, y empleando como argumentación básica que se trata de normas urgentes, está conduciendo a una anomalía parlamentaria inédita en España.

Un total de 27 de los 43 proyectos de ley impulsados por el Gobierno no ha sido sometido al dictamen preceptivo de los órganos consultivos -el Consejo de Estado o Consejo General del Poder Judicial, entre ellos- sencillamente porque el Gobierno ha preferido eludirlos, y eso termina pervirtiendo el procedimiento legislativo ordinario. Es cierto que nada hay ilegal en ello, pero sí abusivo.

Parapetarse siempre en una ‘extraordinaria y urgente necesidad’ tiene sentido cuando las circunstancias así lo aconsejan a un Gobierno, pero en este caso Moncloa solo busca dos cosas: comodidad parlamentaria para agilizar los tiempos de aprobación de cualquier ley, independientemente de su sectarismo o de sus vicios de inconstitucionalidad, como puede el caso de la ‘ley Celaá’; y evitarse el desgaste que siempre conlleva para cualquier Gobierno legislar a salto de mata porque de facto se hurta a la oposición la posibilidad de abrir debates públicos y, por tanto, de corregir muchos de los factores ideologizantes que desde el punto de vista de la legalidad constitucional son tan arbitrarios como injustos.

Gobernar por decreto de modo sistemático no debería ser una opción, y a menudo, aunque muchos de los decretos del Ejecutivo sean convalidados por el Congreso con los votos suficientes, su posterior tramitación como ley ya es irrelevante. De hecho, eso se produce cuando los decretos están en vigor y surtiendo efectos legales.

A la larga, se ha consolidado una forma de legislar impropia de una democracia porque la pandemia no justifica que semejante número de decretos burlen a los órganos consultivos de una forma tan llamativa. Más aún, lo que está ocurriendo es que cuando un decreto queda aprobado y en funcionamiento, automáticamente ya se empiezan a desactivar con hechos consumados las hipotéticas enmiendas que fueran a ser presentadas.

Basta con aplicar el rodillo de la mayoría gubernamental e independentista, y cualquier decreto se termina convirtiendo en un ‘lo tomas o lo dejas’ sin posibles cambios ulteriores. Y si se producen cambios, lo son siempre a la medida que imponen ERC o el PNV.

La intención del Gobierno es notoriamente censora. Basta recordar lo ocurrido durante la tramitación de la propia ‘ley Celaá’, o lo que está pasando con el sinuoso camino de la reforma de la ley del Poder Judicial, para atar de pies y manos al órgano de gobierno de los jueces y que no pueda realizar nombramientos estando en funciones.

En esos casos, el Gobierno ni siquiera ha querido dar voz a los colectivos afectados por unas reformas tan sensibles, y que afectan de modo determinante a la educación en España, a la salud del castellano como lengua oficial del Estado, o a las designaciones de un poder independiente como es el que garantiza la autonomía de nuestros Tribunales.

Todo en este Gobierno es intervencionismo de la cruz a la raya y la pérdida de calidad democrática es sobresaliente porque no hay argumentos suficientemente sólidos como para que Sánchez tramite todo de manera urgente.

Sus urgencias devienen de la progresiva descomposición de su coalición de gobierno, y de las prisas que tiene por aplicar una brusca cirugía a nuestro sistema legal conforme al revisionismo que impone la izquierda.

Es otra vertiente más del deterioro que sufre nuestro Parlamento.

ABC