EMOCIÓN DE ESTADO

Si el remedio es peor que la enfermedad, quedémonos con la enfermedad. Lo dicta el sabio refranero español. Pero, en el caso catalán, las instituciones públicas españolas se mueven como guiadas por la emoción, no la razón, de Estado.

Las instituciones que lidian con el desafío separatista deben recobrar la frialdad. Su respuesta a la consulta independentista de 2014 fue, vista con perspectiva, efectiva. El Estado actuó de forma reactiva, clara, minimalista y paciente. Estrictamente sobre hechos consumados. Tras la consulta, sus organizadores fueron encausados, inhabilitados y condenados a penas económicas que, claramente, han sido disuasorias. Los responsables, como Francesc Homs o Artur Mas, han tirado la toalla. Y ese debería ser el objetivo realista del Estado: desanimar al independentismo con penas que desmotiven a sus líderes, pero no exciten a sus seguidores. Una estrategia que, como hemos visto, funciona.

Pero, desde el verano de 2017, el Estado —por injusto que sea utilizar esa etiqueta colectiva para referirse a instituciones diversas y autónomas— procede de forma preventiva, confusa, maximalista e impaciente. Dando la sensación, en demasiadas ocasiones, de que se basa en especulaciones y juicios de intenciones. El resultado ha sido desastroso. En lugar de aburrir al independentismo con el ritmo lento pero implacable de una justicia española que impone severos castigos económicos a sus dirigentes, el Estado ha excitado a sus bases. Y a muchos catalanes que el 21-D votaron contra lo que percibían como una sobreactuación del Estado español.

Aplaudir acríticamente esta intervención del Estado, apelando a la unidad de las fuerzas constitucionalistas, es cortoplacista. Y denunciarla no es de equidistantes, sino de patriotas. De hombres y mujeres con razón de Estado.

Victor LaPuente ( El País )