La decisión unánime del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegui por pertenencia a banda terrorista es una buena noticia para la democracia. Y más aún cuando la separación de poderes y la independencia judicial están siendo sistemáticamente atacadas desde el propio Ejecutivo.

Tras pasar meses blanqueando a un terrorista para lograr los votos favorables de Bildu a los Presupuestos, a la coalición de Gobierno se le presenta un problema añadido, porque Otegui no es precisamente un aglutinador de libertades, sino el líder de un partido heredero de ETA llamado por Pablo Iglesias a asumir «la dirección del Estado».

El problema, por tanto, no es solo de Pedro Sánchez, que a buen seguro lo minimizará como si fuera algo irrelevante, sino de todos los españoles, en la medida en que los dos principales socios del Gobierno están afectados por algunos de los delitos más graves del Código Penal: Oriol Junqueras, líder de ERC, continúa en prisión condenado por sedición, y Arnaldo Otegui volverá a sentarse en un banquillo de los acusados para responder por un delito terrorista cometido al refundar Batasuna.

Sánchez podrá alegar lo que quiera a la hora de seguir pactando con socios tan destructivos sin el más mínimo escrúpulo. Pero necesariamente tendrá que pagarlo en términos de credibilidad, porque pone a España en manos de delincuentes que además se jactan de serlo.

Meses atrás, Otegui recibió el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -triste ironía frente a quien sigue celebrando más de ochocientos asesinatos-, pero aquella sentencia no implicaba que sus conductas quedasen impunes. Es cierto que ha cumplido parte de su pena de prisión, pero el nuevo juicio no podía dejar de celebrarse.

Un defecto procesal basado en la vulneración de su derecho a un juez imparcial no podía ser el salvoconducto para una exención penal, para la victimización de Otegui o, en definitiva, para un triunfo político. Por suerte, todavía impera el Estado de Derecho, pese a que Sánchez, Iglesias y sus socios de Código Penal se hayan propuesto derogarlo a marchas forzadas.

La reacción de Otegui -«ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar, sonreíd hasta la victoria»- no fue más indigna que la de Podemos, cuyo portavoz Jaume Asens dice oír «ruido de togas». Cada vez que alguien discrepa de esta alianza tan dañina para España, inmediatamente es encapsulado por la izquierda y tildado de ultraderechista por querer impedir su ilusorio paraíso de «progreso».

Olvida Asens que en el Supremo hay magistrados progresistas a quienes su partido pretende incorporar al nuevo Poder Judicial. Y salvo que la izquierda lo quiera justificar con el enésimo discurso oficial de mentiras y demagogia, no parece compatible que un mismo juez sea íntegro para acceder al CGPJ, y a la vez un fascista por ordenar repetir un juicio contra un terrorista. Tanta manipulación no es digerible.

Respecto al PSOE, el mismo partido que llama a Otegui «hombre de paz», es notoria su incomodidad e incongruencia. José Luis Ábalos afirmó que su partido no valora las resoluciones judiciales, pero más bien debió decir que no valora esta decisión contra su socio parlamentario, como tampoco valoró la sentencia de los ERE.

Otras, en cambio, sí las valora con gusto, sobre todo si es para crear el caldo de cultivo favorable a borrar los delitos del separatismo, o si es para presentar una moción de censura por el caso Gürtel. No opinar sobre el juicio a Otegui en cumplimiento de la legalidad no deja de ser una cobardía política.

Pero esta es la preocupante elección del PSOE.

ABC

viñeta de Linda Galmor