Apañados vamos con tanta incompetencia e irresponsabilidad. Y es que no pasa ni un día sin que nos enteremos (no precisamente por los medios oficiales ni por los grandes medios vendidos al poder) de nuevos desatinos por parte de quienes nos gobiernan.

Ahora resulta que cuando más falta hace un buen Ministerio de Sanidad, nos colocan a Illa de cabeza de cartel para las elecciones catalana, cuando lo que debería hacer es dedicarse en cuerpo y alma a solucionar los problemas sanitarios que tenemos. Pero, según parece, son prioritarios los intereses partidistas de las elecciones catalanas, y ahora tenemos al licenciado en Filosofía (que no, filósofo) dividido entre dos frentes, dando muestras inequívocas de la irresponsabilidad de este Gobierno.

Porque irresponsabilidad e incompetencia es no tener diseñado Plan alguno para la vacunación de la población ni dar información oficial sobre las vacunas y/o sus posibles efectos secundarios.

El 20 de noviembre, Sánchez, en un encuentro en La Rioja con una treintena de empresarios, avanzó la aprobación de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 y destacó que, gracias a ella, una buena parte de la población española podría estar vacunada «con garantías» en el primer semestre de 2021. «Nuestro país será el primero de la Unión Europea (UE), junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación», se jactó Sánchez.

Para mayor alarma nuestra, ningún estudio asegura que la vacuna de BioNTech-Pfizer continúe siendo eficaz si la segunda dosis se retrasa más de lo que se ha probado en los ensayos, han avisado sus responsables, según recoge Reuters.

«La seguridad y la eficacia de la vacuna no han sido evaluadas en diferentes calendarios de vacunación, ya que la mayoría de los participantes en los test recibió su segunda dosis dentro del marco especificado en el diseño del estudio», han declarado las compañías en una declaración conjunta. Algunos países, como Reino Unido, han anunciado que utilizarán todas sus existencias para avanzar en el suministro de la primera dosis. Alemania también se lo está pensando.

Y la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha avisado de que cambiar las dosis de las vacunas disponibles frente al Covid-19, puede poner «en riesgo» la salud pública. Mientras aquí, seguimos sin Plan de Vacunación alguno, con 17 sistemas diferentes haciéndose cargo de la vacunación y con un Ministro de Sanidad a “tiempo parcial” (dividido entre las elecciones catalanas y los problemas sanitarios). Total: irresponsabilidad e incompetencia a granel, que vuelve a mostrar hasta qué punto en manos de qué clase de políticos estamos.

Y todo esto en el marco de un Gobierno que pretende adentrarnos (de la mano de Iglesias) en un Estado en donde lo público sustituya a lo privado en todos los ámbitos y así lo ha afirmado la fundación de Podemos debatiendo el futuro de la economía española.

Y las indicaciones de este denominado Instituto 25-M desvelan abiertamente un plan basado en la “nacionalización de los sueldos” y la generación de una “política industrial estatista”. Traducido al román paladino: nacionalizar la economía para que el Estado -es decir, ellos- pasen a tener un control directo de la actividad empresarial.

Comunismo puro, o, dicho de otra manera, la Venezuela chavista. Y todo ello, aprovechando el coronavirus, que les ha venido como anillo al dedo para distraer la atención de los ciudadanos, mientras ellos estaban cociendo la trasformación de España en Estado comunista bolivariano, para perpetuarse en el poder.

Porque de eso se trata; acaparar más y más poder y tener a la población sometida bajo el paraguas de un estado de alarma interminable en donde no hay trasparencia ni exigencia de responsabilidad por las decisiones erróneas que se toman o por las que no se toman.

Los malos datos sobre la pandemia y las vacunaciones obedecen esencialmente a la ausencia de plan alguno por parte del Gobierno, más ocupado en otros menesteres propagandísticos que en los problemas reales de los ciudadanos. Las culpas y la responsabilidad para las CCAA (que en eso consiste la cogobernanza), mientras Sánchez e Iglesias se encuentran desaparecidos, sin dar la cara ni asumir responsabilidad alguna como están haciendo todos los líderes europeos.

Con todo (y mira que hay tela que cortar con la dichosa pandemia) entiendo que el verdadero peligro de fondo se encuentra en la destrucción del Estado de Derecho y la instauración de una “República plurinacional” popular lo que se traduce en la “nacionalización de los sueldos”, la supresión de la propiedad privada y otras “lindezas” de las que se deja constancia el denominado Instituto 25M que dirige J.C. Monedero.

Todo ello, por supuesto, al margen de nuestra Constitución que, como es sabido, exige un procedimiento muy complejo para llegar a este resultado (artículo 168 de la misma). Ya lo dijo Cayetana Alvarez de Toledo bien claro; se nos ha colado un “burro de Troya” en el Estado de Derecho (en alusión a Iglesias).

Lo cierto y preocupante es que, en los últimos doce meses, han dejado de existir 107.600 empresas, lo que muestra que aquello de la “capacidad de resistencia” no es solo teoría. En este terreno, Sánchez de la mano del ínclito Iglesias está allanando el camino mediante el aumento de las plantillas de todos los niveles del Gobierno:159.700 empleados públicos más en los últimos doce meses (+6,2%, el mayor ritmo de aumento del empleo público en 30 años).

Mientras, el sector privado perdió 519.800 empleos (-3,1%). O sea, la descerebrada tesis del ministro Garzón sosteniendo que el paro se puede eliminar mediante más empleo público y “proletarizando” a las clases medidas.

En una situación como la descrita, lo recomendable sería, aliviar la carga al sector privado con una reducción sustancial de impuestos, pero se está haciendo justamente lo contrario. Se incrementan los impuestos, no se prevé ayuda alguna a los empresarios y se “tira el dinero” en subvenciones absurdas y en la ampliación del aparato burocrático del Estado, hasta unos niveles que difícilmente podrán ser sostenibles.

Y llega el momento en que debemos preguntarnos cuándo llegará el punto en que todo este cúmulo de disparates sean irreversibles y nos encontremos de hoz y coz en donde nunca quisimos. Porque se trata de un camino que conduce directamente a la destrucción del Estado de Derecho, de la unidad de España y de la existencia de unas libertades públicas.

Una cosa es la incompetencia manifiesta de nuestro actual Gobierno y otra muy diferente permitir que se destruya el Estado de Derecho que tanto ha costado construir, dejando de exigir responsabilidades por los desafueros que se están cometiendo.

Una labor para la que resulta absolutamente indispensable tener unos Jueces y Tribunales completamente independientes que sean conscientes de que su labor no consiste en proteger, por sistema, a los Poderes Públicos sino en velar porque su actuación se ajuste a Derecho y sirva, realmente, al interés público y no a sus propios intereses políticos.

 Y es que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto (Lichtenberg dixit) que es a lo que se está arriesgando este Gobierno, al desentenderse de los problemas reales (crisis sanitaria, económica y social) sin llegar a dar la cara ni asumir la responsabilidad que le corresponde.

Con estos negros nubarrones en el horizonte, me despido de todos con tan solo media sonrisa etrusca y recordando que, ciertamente, la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente (F. Ayala dixit), sobre todo cuando, además, detrás de la incompetencia se encuentra una mente perversa que es la que realmente gobierna y teje la urdimbre de la tela.

El Correo de España

viñet de Linda Galmor