La pérdida de la condición de lengua vehicular que el castellano tenía en la enseñanza, donde hasta ahora ha servido de elemento vertebrador, no solo va a permitir a la Generalitat acelerar su proceso de inmersión lingüística, sino que va a normalizar la persecución del idioma de todos en Cataluña, incluso en el ámbito privado.

Cualquier rastro del Estado en Cataluña es un obstáculo para el separatismo, y la lengua es la más poderosa herramienta de integración nacional.

Pese a que el grado de conocimiento del catalán no ha dejado de crecer en las últimas décadas, el objetivo es eliminar cualquier rastro del castellano, como pide el manifiesto Koiné, firmado por las últimas consejeras autonómicas de Cultura, o exige la Plataforma per la Llengua, subvencionada con fondos regionales.

No es nueva esta campaña de persecución del idioma que nos une, pero sí las facilidades que el propio Gobierno de España, de espaldas al interés general y al de los propios catalanes, ha dado a sus promotores.

ABC