ERROR SOBRE EL SECESIONISMO

La efervescente damita Anna Gabriel, la taimada Carmen Forcadell o el pobre Arturo Mas tienen todo el derecho a ser secesionistas y a defender la independencia de Cataluña. La justicia no les persigue por soberanistas. Les persigue porque, para conseguir sus propósitos, se han situado fuera de la ley.

Sin embargo, la torpeza de varios dirigentes constitucionalistas, incluidos algunos ministros, está trastocando las cosas y robusteciendo la idea de que a los líderes soberanistas se les persigue judicialmente por sus ideas y no porque presuntamente han conculcado la legalidad. ¡Qué error, qué inmenso error! Algunas de las declaraciones peperas se han producido con trazos gruesos, sin matizar que una cosa es la ideología independentista sobre Cataluña, completamente lícita en un Estado de Derecho como España, y otra muy distinta es el incumplimiento de la ley para llevarla a cabo.

Empieza ya a producirse en la opinión pública la sensación de que el expresidente felón Carlos Puigdemont, el evanescente Oriol Junqueras, la cobarde Anna Gabriel o el pobre Arturo Mas están en la picota judicial por independentistas, cuando la realidad es que han intentado un golpe de Estado, se han mofado de las leyes, también de las sentencias del Tribunal Constitucional, y han cometido presuntos delitos de rebelión, sedición y prevaricación. Es por esos delitos por los que se les va a juzgar, no porque manifiesten, con todo derecho, su ideología secesionista.

Conviene recordar, una vez más, el artículo 168 de la Constitución. Nuestra Carta Magna se puede reformar siguiendo el procedimiento especificado en ese artículo. Los catalanes, los riojanos, los madrileños o los cartageneros que deseen alcanzar la independencia de sus territorios deberán ajustarse a lo que el 168 obliga para la reforma constitucional: los votos de los dos tercios del Congreso, los dos tercios del Senado, elecciones generales, dos tercios del nuevo Congreso, dos tercios del nuevo Senado y, finalmente, referéndum nacional, para que todos los españoles, libres e iguales ante la ley, y entre ellos los catalanes, decidan.

Las mayorías cualificadas que exige la Constitución para su reforma están anchamente justificadas en una nación con 500 años de historia unida. Son las cautelas lógicas que los padres constituyentes establecieron para evitar fracturas y ocurrencias disparatadas. No está de más subrayar que el pueblo respaldó abrumadoramente la Constitución a través de la voluntad general libremente expresada de todos los españoles.

Luis María Anson (  El Mundo )

viñeta de Linda Galmor