Hay un principio básico en el funcionamiento del Estado de Derecho que consiste en que ningún gobierno puede imponer obligaciones que los ciudadanos estén en la imposibilidad material de respetar. De otro modo, se produce un conflicto insostenible que solo puede desembocar en que la autoridad se convierta en tiranía.

La pandemia ha generado una situación excepcional que ha llevado a los gobiernos a considerar -con razón- que debía anteponerse el bien general de la salud de la población, para lo que han decretado medidas que hacían imposible la actividad económic

Para poder exigir a tantos autónomos y pequeños o grandes empresarios que interrumpan en seco su actividad, sin embargo, el Gobierno está también obligado a disponer al mismo tiempo medidas adecuadas para que esas restricciones no los arruinen, como está sucediendo de forma generalizada en innumerables sectores.

Por ello resulta incomprensible que Hacienda se disponga a recaudar de forma inflexible los impuestos que medio millón pequeñas empresas aplazaron en primavera, creyendo, tal vez, que en unos meses la situación se habría recuperado.

Para muchos empresarios, esa deuda que les va a reclamar la Agencia Tributaria representa la puntilla para sus negocios, que han tenido que mantener congelados debido a las restricciones impuestas por la pandemia y los efectos de la parálisis de la actividad económica.

Lejos de ayudarles a sobrevivir, el Gobierno se apresta a propinarles el golpe de gracia, sin tener en cuenta que para muchos de estos empresarios que ya han agotado sus ahorros en la crisis, el dilema puede estar entre pagar a Hacienda o dar de comer a sus familias.

En estos meses, casi todos los gobiernos europeos han dispuesto medidas relevantes de auxilio, tanto a los empresarios como a los trabajadores, mientras que en España las pocas disposiciones que ha previsto el Ejecutivo se han visto atascadas en el colapso de la Administración.

En el último Eurogrupo, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, sugirió abiertamente a los países más afectados, entre ellos España, que utilizasen las capacidades financieras del Mecanismo de Estabilidad para financiar esas medidas de emergencia, lo que haría innecesaria esta nueva vuelta de tuerca de la Agencia Tributaria. Sin embargo, el Gobierno se niega a utilizar este recurso, que estaría disponible de inmediato, sin necesidad de esperar a que se apruebe el marco de funcionamiento del Fondo de Rescate.

El Gobierno de Sánchez llegó al poder con una agenda económica radical, marcada por Podemos, que ya hubiera sido bastante desacertada en condiciones normales y que en lo esencial no ha cambiado, a pesar de la sacudida de dimensiones históricas que ha provocado la pandemia.

Todos los análisis serios realizados hasta ahora del proyecto de Presupuestos señalan claramente que van por mal camino.

De hecho, los 1.900 millones que el Ejecutivo espera obtener a través de esta andanada recaudatoria equivalen a poco más de lo que ha decidido gastar en la subida de sueldo de los funcionarios, medida que todos los expertos han desaconsejado porque desvía los recursos hacia los que más segura tienen su fuente de ingresos y por aumentar los desequilibrios sociales.

Mientras la economía se descompone, el Gobierno no cesa de repetir el mantra de que «nadie se quede atrás». En este caso, el eslogan de La Moncloa se refiere a que va a ser Hacienda la que no se quedará atrás a la hora de recaudar.

ABC