Hasta hace poco creía que la libertad de expresión era un principio que apoyaba la libertad de un individuo o de un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin que ningún Gobierno ni poder alguno pueda criminalizar, reprender, censurar o sancionar a sus ciudadanos por las expresiones que estos manifiesten, ya que la libertad de expresión, principalmente para los sedicentes demócratas, es el derecho de carácter institucional que supone un pilar solido de la democracia.

       La libertad de expresión se reconoció como un derecho humano en virtud del artículo 19 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General reunida en Paris, el 10 de diciembre de 1948, en la que se reconoció en el derecho internacional de los derechos humanos a la libertad de expresión, estableciendo:  “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección”.

       Es, por consiguiente, la garantía de que la ciudadanía, como se llama ahora a los compatriotas, ejerce un contrapeso a los poderes establecidos. Se define, por tanto, como libertad frente a represión.

       El derecho a la libertad de expresión, como hemos apuntado, si es el pilar fundamental de la democracia que esencialmente lucha para que se respeten y promocionen todos los derechos humanos, no debería molestar a sus defensores, que ese derecho proteja a aquellas manifestaciones que cuestionen incluso el sistema democrático.

Ya que, si los representantes de la democracia coartan, censuran o prohíben que se opine libremente, denunciando injusticias y clamando cambios para formar un mundo mejor, lo que se está haciendo es lo contrario a lo que se representa, esto es, se esta condenado a la opresión.

       Claro ejemplo de lo anterior es que el gobierno social-comunista ha insistido en el reciente pleno del Congreso en negar la libertad de expresión a las asociaciones franquistas.

       Efectivamente, en dicho pleno, la parlamentaria de EH Bildu, formación política heredera del terrorismo etarra, Bel Pozueta ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, mano “izquierda” de Pedro Sánchez, si comparte los planteamientos recogidos en el informe del Consejo General Poder Judicial contrarios al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

        La Sra. vicepresidenta primera del Gobierno, ha contestado que el dictamen del del Consejo General del Poder Judicial, “no es vinculante” y aunque ha admitido que “es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable”, ha añadido que hay “algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y no va a compartir”.

         La socialista de Cabra, ahora se olvida del ataque aéreo realizado, el 7 de noviembre de 1938, por la aviación roja sobre su pueblo, que arrojó más de seis toneladas de bombas sobre la población civil y que se saldó con 109 civiles muertos, entre ellos 14 niños y 44 mujeres, y más de 200 heridos; para, saliéndose por la tangente, afirmar que   el Ejecutivo español no está de acuerdo con que se diga “que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar”. (No creo que se esté refiriendo a los 7.000 sacerdotes y religiosos que fueron masacrados bajo el terror rojo)

       Así, que ya lo saben, “el enaltecimiento del franquismo no es libertad de expresión”, lo que significa poner el mundo al revés, y no solo como la alegoría de un universo invertido o pervertido, eso les tiene sin cuidado, ellos con tal de silenciar al franquismo les da igual que se les vea como los peces que pescan a los pescadores, los paracaídas que ascienden o la torre de naipes que se mantiene erguida ante un huracán.

Ellos a institucionalizar la confusión. No olvidemos que son los mismos que prometieron a sus electores defender la democracia, la transparencia, la probidad, los derechos humanos, la ciudadanía, la libertad de expresión, la división de poderes, el Estado de Derecho, y otros muchos valores, que después, una vez en el poder y con tal de que se haga su voluntad, los enlodan, renegando y adjurando de ellos.

       Es curioso, que, autoproclamándose fanáticos defensores de la libertad, se contradigan a sí mismos, queriendo hacernos ver que la libertad de expresión es el sometimiento a una inquisición trasnochada, carente de responsabilidad, que ellos han acuñado a su tiranía y egocentrismo patológico, convirtiéndose, paradójicamente, en lo mismo que ellos dicen querer erradicar, para salirse con la suya, negando la evidencia y la objetividad de lo que es y representa la libertad de expresión frente a la represión en democracia. No se trata tanto de poner límites a la libertad de expresión o de suprimirla, como de tratar de reforzar la democracia.

       Sí, lo que el Ejecutivo pretende poniendo el mundo al revés es el tópico que ilustra el deseo de quienes desean dar vuelta como a un guate para pasar, su sentir y proceder, aún sin razón, al protagonismo del contrario. Tratar de censurar las ideas contrarias a las propias, por muy repugnantes que aquellas sean, no contribuye a la construcción de una democracia mejor, sino que la deja coja.

Por tanto, censurar, controlar, limitar y prohibir cuarenta años de la Historia de España, para la Sra. vicepresidenta y para el colectivo que representa, es el nuevo pilar fundamental de la democracia, en tanto que dar testimonio objetivo de unos hechos históricos, ejerciendo la libertad de expresión, es, para ella, manifestar opresión y avasallamiento. ¿Hay quien lo entienda?

       Pues para mayor entendimiento, la Sra. Calvo, ha desarrollado además la tesis de que en España son los legisladores los que tienen “la primera y la última palabra sobre lo que puede ser obligatorio en nuestro país” (como vemos, ésta no dice Patria ni por equivocación), saltándose a la torrera e ignorando de hecho que el poder judicial tiene el deber de garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución en caso de que el poder legislativo quiera imponer a los ciudadanos obligaciones que chocan precisamente contra sus derechos constitucionales.

De hecho, no pocas leyes aprobadas por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional en caso de disendo entre las Cámaras han sido modificadas o derogadas por los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Por otra parte, de hecho, las leyes Orgánicas no pueden ser promulgadas sin la previa declaración de conformidad con la Constitución por el Consejo Constitucional.

        Pero todo esto, ¿qué les importa? Ellos a lo suyo, a imponer su obsesión contra Franco, primeramente, sacaron sus restos del Valle de los Caídos, y ahora quieren prohibir su enaltecimiento, pero no podrán, porque no se puede ilegalizar la apología de algo que es legal, y consiguientemente, como es su deseo y por mucho que se empeñen, tampoco podrán sacarle de la Historia.

Jose Luis Díe ( El Correo de España )