La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, está aumentando la presión política para que el Gobierno británico autorice un nuevo referéndum de autodeterminación. La polémica sobre las consecuencias del Brexit y la crisis actual de relaciones entre Londres y Bruselas a cuenta de Irlanda del Norte son el marco de este nuevo impulso del nacionalismo escocés hacia la independencia.

Los nacionalistas de Sturgeon creen que la opción separatista ganará adeptos entre quienes quieren volver al seno de la UE. Además, las antipatías que genera Johnson servirían como revulsivo a los dudosos. Sturgeon está pensando en octubre de 2023 para la consulta, pero el proceso no es tan sencillo. No basta quererlo.

Las convenciones políticas en el Reino Unido tienen un sólido arraigo legal e incluso los independentistas escoceses asumen que no deben acudir a un referéndum unilateral, no solo por su ilegalidad intrínseca, sino por su deslegitimación política.

El peculiar federalismo británico residencia en el Parlamento de Westminster la soberanía nacional y su voluntad expresa la Constitución política del país. El antecedente fue la consulta de 2014 que se saldó con la derrota del independentismo por el 55,3 por ciento de los votos frente al 44,7 por ciento, partidario de la secesión de Escocia.

Es muy llamativo que los nacionalistas se crean con derecho a celebrar referendos tantas veces como sea posible –el ‘neverendum’ lo llaman– hasta lograr la victoria, como si este fuera el designio natural al que debe ajustarse la voluntad del pueblo.

Si el pueblo no quiere independencia, es que se ha equivocado, y hay que volver a preguntar hasta que ‘acierte’. Con esta lógica visionaria, el nacionalismo realimenta su desvinculación con las reglas del juego democrático, más aún cuando de esas reglas pretende derivarse la voluntad constituyente de una nueva nación.

Aunque Johnson y su política anti-Bruselas esté generando conflictos, Sturgeon puede equivocarse si cree que este ambiente provocará un cambio significativo del voto probritánico hacia posiciones independentistas. Las encuestas, aunque revelan un cierto incremento del voto secesionista, no dan opciones claras a la independencia. Y seguir siendo británico mantiene su tirón entre una gran parte de los escoceses.

Además, harían bien los nacionalistas de cualquier sitio recordar cómo gestionó Canadá las embestidas separatistas de Quebec, con una ‘ley de la claridad’ que puso negro sobre blanco a las condiciones de todo referéndum por el derecho a la autodeterminación de cualquier territorio canadiense: solo pactado bilateralmente, con una mayoría clara a favor de la separación (no basta el 51%), con respeto a las minorías y tras un acuerdo económico sobre infraestructuras e inversiones. Con la premisa de que ningún territorio tiene por sí mismo derecho a la autodeterminación.

Conviene que, por ejemplo, los nacionalistas catalanes no se entusiasmen con esta reavivación del caso escocés, porque tiene muchas contraindicaciones para las aspiraciones de una Cataluña independiente. Por lo pronto, ningún escocés buscó el amparo de Putin para que apadrinara a Escocia frente al Reino Unido.

La imagen política es muy importante, y el nacionalismo catalán la ha perdido frente a Europa. Sturgeon no ofende a Isabel II –es más, los nacionalistas la quieren de jefe de su futuro estado independiente–, y tampoco se plantea una declaración unilateral de independencia, siquiera de edición de bolsillo como la de Puigdemont. Eso sí, unos y otros coinciden en trasladar el empeño de desestabilizar la unidad política de sus respectivos estados y generar más división entre los ciudadanos.

El nacionalismo es una fuente continua de problemas.

ABC