La decisión del Gobierno de tramitar ahora las peticiones de indulto para los líderes independentistas condenados por sedición no es casual ni se debe a un mero formalismo jurídico, como falsamente se empeña en justificar el Ministerio de Justicia.

Se trata de un anuncio político viciado por el oportunismo de Pedro Sánchez, carente del más mínimo sentido de Estado. Como primera providencia, la operación consiste en preparar a los ciudadanos para normalizar lo que solo es una anomalía: generar la atmósfera política necesaria para convencer a los españoles de que por muy golpistas que fueran, no merecen ya cumplir sus graves penas de cárcel.

El Gobierno legitima así el eterno argumento separatista de que la sentencia fue «política», y que con «política» conviene resolver el desaguisado. Esta falsedad tendría poco recorrido argumental si la razón de fondo de Sánchez no fuese otra que la de dar más vueltas de tuerca al desmontaje del andamiaje constitucional de España junto a Podemos y el independentismo.

Además, la progresiva destrucción del sistema constitucional de 1978 se está produciendo sin respeto alguno a la «memoria histórica» que sí fraguó la Transición, y con un desprecio flagrante a los consensos legitimados por la Constitución. Inexplicablemente, el PSOE se ha sumado a esta demolición sin abrir ningún debate interno, lo cual no deja de ser desolador.

Dar cauce legal a los indultos es también un acto de rendición del Estado en favor de quienes odian a España y buscan en nuestras propias leyes impunidad para sus delitos. Lo relevante no es la tramitación de las peticiones de gracia para los condenados porque es una obligación legal evaluarlas si alguien lo solicita. Es un derecho.

Lo grave es la irritante percepción de que Sánchez se somete a un chantaje para sobrevivir a toda costa, y de que además estaría encantado de concederlos porque es un soberanista convencido. Su constitucionalismo es una farsa.

Qué sentido tiene, si no, la simbología del momento elegido, justo al día siguiente de haber vetado al Rey en la entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona, y en respuesta parlamentaria al partido de Joaquim Torra, que hasta hace días también lo era del huido Carles Puigdemont.

Que Sánchez no tiene palabra no es noticia. ABC recuerda hoy sus frases de meses atrás, cuando sostenía que el cumplimiento de las penas sería íntegro. En cambio, hoy negocia una excarcelación prematura, paralegal y obscena desde el punto de vista penal.

Se trata de crear la coartada emocional necesaria para victimizar como héroes a unos golpistas de manual que desobedecieron a la Justicia, retaron al Estado y maltrataron la legalidad. El cumplimiento efectivo de las penas va a ser una quimera antes o después.

Porque si no es por la vía del indulto, lo será por la de una reforma legal del delito de sedición, que provocará su salida de prisión inmediata el mismo día en que entre en vigor. Atrás quedan aquellas palabras de Sánchez, como quedaron atrás los reproches que le hizo en su día Patxi López por no saber «qué es una nación».

Lo mismo Sánchez respalda aplicar el artículo 155 de la Constitución que aplaude unos indultos que posiblemente nunca tengan el visto bueno del TS. El de la Fiscalía, dado el barrizal en que la ha convertido Dolores Delgado, empieza ya a intuirse… en favor de los presos, por supuesto.

Todo es doblemente ofensivo. Por un lado, se trata de un gesto político para salvar los Presupuestos mientras se asimilan los indultos en el ideario colectivo con el fin de que, llegado el momento, no sean un escándalo. Y en paralelo, se desactiva el delito de sedición diseñando una amnistía encubierta que convertirá en forzosa la libertad de los condenados de un modo más rápido, quirúrgico e indoloro para echar tierra sobre una estafa procesal.

La operación consiste en someter al Estado, poner en venta la democracia a cambio de garantizarse la legislatura, y provocar la ruptura social necesaria para finiquitar la Constitución mientras la derecha se desangra en odios internos y se muestra incapaz de liderar una alternativa constitucional sólida.

Es incomprensible que la izquierda goce de vía libre en su objetivo de pervertir el sentido último de la legalidad y el valor real del indulto creando un automatismo personalizado para privilegiar a unos delincuentes. Esto ya no va de recuperar el franquismo o el populismo más rancio como señuelos ideológicos para dividir a la sociedad.

Es peor aún. Es un golpe al mentón de los Tribunales con el argumento de que en España impera el autoritarismo de su presidente y no la separación de poderes. Es una decisión profundamente lesiva para la inmensa mayoría de españoles y servil con la minoría que quiere dinamitar nuestro sistema.

Nunca hubo líderes maltratados de una causa justa. Hubo culpables de sedición que nunca se han arrepentido.

ABC