Poco a poco las piezas del puzle socialcomunista empiezan a encajar, vislumbrándose en el horizonte cercano el fantasmagórico espectáculo de una España sumida en la opresión y la miseria.

Como ya ocurriera en 1936, la formación de un nuevo Frente Popular -que aglutina a socialistas, comunistas e independentistas de toda índole y condición- amenaza con sumergir a España en el infierno del totalitarismo colectivista.

El tenebroso proceso ya ha comenzado y va avanzando subrepticiamente, a rebufo de la crisis sanitaria, económica y social provocada en buena medida por la ineficiente gestión de la pandemia que nos asola.

El primer objetivo, ya alcanzado, ha sido el sometimiento del Poder Judicial al Gobierno de la Nación a través del control del Ministerio Público. Este objetivo fue claramente explicitado por ese deshecho de tientas que es Pablo Iglesias cuando manifestó públicamente que los máximos representantes de la Judicatura debían escogerse atendiendo a su “compromiso ideológico con el programa del Gobierno”.

Así, el Gobierno socialcomunista nombró Fiscal General del Estado (FGE) a una persona como Dolores Delgado, cuya dependencia orgánica del PSOE y su manifiesta deshonestidad la inhabilitaban, desde un punto de vista ético, para el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

La importancia de esta designación no es menor, ya que del FGE dependen los fiscales que deberán dirigir toda investigación criminal. Esta dependencia se ha visto reflejada de facto en los últimos meses, como se ha podido comprobar cuando el fiscal competente en una serie de casos en los que estaban implicados miembros del Gobierno pedía sistemáticamente el archivo de las causas abiertas, a pesar de que los jueces encargados de las mismas, en base a los informes policiales, veían evidentes indicios de delito.

Otro objetivo, también alcanzado, fue el de controlar a la Guardia Civil (GC), entre cuyas funciones está la misión de actuar como Policía Judicial, con el objetivo de auxiliar a  jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de delitos y el descubrimiento de delincuentes.

Así, por el simple hecho de cumplir con su deber (al negarse a informar al Gobierno del resultado de las pesquisas realizadas por la Policía Judicial de la GC en relación con el presunto delito de prevaricación administrativa cometido por  José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, al permitir las manifestaciones feministas del 8-M) el coronel Diego Pérez de los Cobos fue destituido como Jefe de la Comandancia de la GC.

Si este acto ya resulta en sí mismo indecente, el colmo de la desfachatez hizo acto de presencia en toda su magnitud cuando el Gobierno designó como sustituto al teniente coronel David Blanes González, que curiosamente era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria el día en que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas, siendo recibida por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de que, por su violación de los derechos humanos, tenía vetada la entrada en territorio español y en todo el espacio Schengen. Y es que, como no podía ser de otra forma dada su amoral condición, Pedro Sánchez sí paga traidores.

Pero si importante para la causa socialcomunista es el control de las distintas instituciones del Estado, no lo es menos controlar la enseñanza, con el objetivo de manipular a la infancia y la juventud mediante su adoctrinamiento en la escuela.

Así la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que quiere sacar adelante la ministra de Educación, Isabel Celáa, pretende implantar un único modelo educativo estatal, acabando así con la pluralidad educativa actual. Con ello se consigue eliminar la posibilidad de que los padres puedan elegir el tipo de formación que consideren mejor para sus hijos, arrogándose así el Estado el monopolio educativo y la potestad de determinar el contenido curricular.

Debajo de todo ello subyace la determinación de que tan solo se pueda trasmitir a las generaciones venideras una cosmovisión acorde con sus planteamientos, eliminando, de esta forma, cualquier atisbo de disidencia ideológica en el seno de la sociedad.

En este sentido se manifestó la millonaria ministra socialista, al afirmar que los hijos no son de  los padres, y efectivamente así es ya que los hijos no son propiedad de nadie, pero también es cierto que corresponde a los padres la inexcusable responsabilidad de cuidar y educar a sus hijos, y es esa una función que, salvo casos excepcionales y legalmente tipificados, no debe delegarse en institución alguna más allá de la familia.

En consonancia con la LOMCE, este gobierno socialcomunista pretende igualmente imponer una llamada Ley de Memoria Democrática –que no supone otra cosa que acentuar el carácter inquisitorial de la vigente Ley de Memoria Histórica- caracterizada por la imposición, mediante la coerción y el adoctrinamiento, de un relato de la Guerra Civil y el franquismo falseado, sectario y maniqueo, que solo puede llevar a reabrir viejas heridas, consiguiéndose con ello degradar la convivencia social y devolver a los españoles a la tortuosa senda del enfrentamiento.

Sin embargo, por sorprendente que ello pueda parecer, el deseo de eliminar la libertad de expresión por parte del gobierno socialcomunista no tiene límites, por lo que también pretende controlar las redes sociales. Así, se acaba de aprobar en el Congreso una propuesta de Podemos consistente en perseguir en internet las críticas a la acción del gobierno, tipificándolas como mensajes de odio.

En consecuencia se da patente de corso a una suerte de axioma que viene a decir “si disientes del gobierno socialcomunista es que odias, por lo cual serás penalizado”, y a partir de aquí solo hay un paso a la dictadura. Sin embargo, por paradójico que pueda resultar, si caben las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo etarra y los homenajes a los presos catalanes golpistas. En definitiva, todo un pandemónium inaceptable para cualquier persona no susceptible de ingresar en un psiquiátrico.

Ante este estremecedor panorama parecía difícil que los derechos y libertades de los españoles pudieran verse más limitados. Sin embargo, con P. Sánchez al timón empeorar siempre es posible. Es decir, que algo peor podía estar por llegar y efectivamente llegó el pasado 10 de octubre, cuando el Congreso abdicó de sus funciones representativas del pueblo soberano para entregar todo el poder a ese cúmulo de maldad, psicopatía narcisista y cesarismo que es P. Sánchez.

Así, el conjunto de la cámara baja -con la valerosa discrepancia de un diputado de UPN y los 52 de Vox, que lleva camino por méritos propios de convertirse en la única voz que clama en el desierto- aceptó la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma, el cual se prolongará durante los próximos 6 meses, sin que sea necesario, tal y como establece la ley, prorrogarlo cada 15 días.

Además, demostrando de nuevo su falta de empatía con el común de los mortales y su absoluto desprecio por la democracia y sus más elementales normas de funcionamiento, P. Sánchez tan solo aceptó el compromiso de acudir al Congreso dos veces durante el estado de alarma y únicamente a título informativo. Esto es, accedió a dar un mitin en el que, como es su costumbre, volverá a mentir y además sin posibilidad de réplica.

Pero como su indecencia no tiene límites, una vez terminada la exposición del más incompetente ministro de Sanidad que jamás haya tenido España, como es Salvador Illa –que sabrá de filosofía, pero que carece del más mínimo conocimiento de gestión sanitaria- este deplorable émulo de Maquiavelo que tenemos por presidente tuvo a bien ausentarse del hemiciclo para mayor humillación no solo de los diputados, sino también de la ciudadanía, que contemplaba, imagino que atónita, como este fantoche de tres al cuarto que recortaba sus libertades no tenía a bien tan siquiera defender personalmente las razones que le llevaban a tal proceder.

Para culminar este catálogo de despropósitos, con un evidente afán de diluir responsabilidades y con el agravante de no haber dotado previamente a las Comunidades Autónomas de las herramientas legales imprescindibles para luchar de manera eficiente contra la pandemia, P. Sánchez ha optado por un modelo de cogobernanza que impide la unificación criterios en todo el territorio español, evitando así poder luchar de manera conjunta y cohesionada contra el coronavirus.

Ello supone la implementación de una política sociosanitaria calamitosa, que obvia el riesgo que para la salud del conjunto de la población española supone una acción descoordinada contra la pandemia, ya que su verdadera finalidad es, por un lado, no perder el protagonismo que su egocentrismo reclama y, por otro lado, evitar un fracaso personal semejante al acontecido en la primera ola de la pandemia, como consecuencia de su acreditada incompetencia.

Tras todo lo expuesto no está de más recordar que allá por los años 30 del siglo pasado decía el dirigente socialista Largo Caballero, también conocido como el “Lenin español”, que “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo (…) hay que ir a la revolución”.

Más recientemente Pablo Iglesias se expresaba en el mismo sentido guerracivilista al afirmar ante un grupo de tarados que “Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria (…) muchos de vosotros sabréis fabricar cócteles Molotov (…) porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas”.

En definitiva, la deplorable dupla gobernante constituida por P. Sánchez y P. Iglesias, haciendo de la subversión del orden constitucional su forma de hacer política, nos demuestra en cada decisión que toma su falta de principios morales, su incompetencia gestora y su carácter autoritario y antidemocrático. Todo ello, como es fácil comprender, amenaza con llevar a España a la indigencia moral, al caos socioeconómico y a la dictadura socialcomunista.

No es tiempo de lamentaciones, ya que eso solo es el recurso de los débiles, sino que, muy por el contrario, es tiempo de luchar para defender del afán destructivo del nuevo Frente Popular a esta buena tierra llamada España.

Rafael García Alonso ( El Correo de España )