ESPAÑA, EN UN LABERINTO SOCIO-LABORAL

Las salvíficas medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleos y de cierres empresariales también está chocando con una imprevisión absoluta, y con un muro burocrático que solo añade confusión a la tragedia sanitaria y laboral que vive España.

Las asesorías jurídicas están desbordadas con cientos de miles de ERTE en marcha y se ha convertido en una misión imposible que muchos miles de trabajadores puedan empezar a cobrar sus emolumentos el 10 de abril. Las mutuas tampoco han aceptado los ceses de actividad hasta el 1 de abril y la confusión de los decretos aprobados por el Gobierno está generando tal inseguridad jurídica y tal incertidumbre social, que el modelo se ha convertido en un laberinto inviable.

Los plazos para la tramitación de expedientes varían de unas autonomías a otras, y también las prestaciones por cese de actividad se han atascado en la Seguridad Social porque no ha podido trasladar aún a las mutuas la lista de actividades concretas que están en suspenso tras el estado de alarma.

Hasta el 1 de abril nadie podía demostrar que sus ingresos han caído un 75 por ciento para tener derecho a acceder a las ayudas públicas, y a día de hoy los autónomos han tenido que sufragar el coste de su cuota con sus comercios cerrados durante la mayor parte de marzo.

Propaganda del Gobierno aparte, el escenario no puede ser más desalentador. Y si al galimatías jurídico-legal que está dejando en la indefensión a cientos de miles de trabajadores se unen las estrambóticas explicaciones en rueda de prensa de la ministra de Trabajo y del titular de Seguridad Social entre risas inexplicables, el panorama resulta más que doloroso.

Es lógico dejar cierto margen de reacción a cualquier Gobierno ante una tragedia como la causada por el coronavirus en el mundo. Pero en España, ya es una evidencia cómo el Gobierno hizo oídos sordos a las recomendaciones preventivas y de acopio de material sanitario elemental para hacer frente a la pandemia. El 8 de marzo España estaba de fiesta y se ocultó la verdad a los españoles.

El Gobierno infravaloró la emergencia, y de aquellos polvos llegan estos lodos en forma de muertes por miles en los hospitales y residencias. Pero incluso en estas circunstancias de insolvencia gubernamental, el Ejecutivo ha tenido margen para hacer mejor las cosas, al menos en sus previsiones económico-laborales. Ni eso.

Solo ha presentado una retahíla de medidas bienintencionadas pero carentes de la base jurídico-legal necesaria para ponerlas en marcha con solvencia. La indefensión del ciudadano ante estas secuelas secundarias, pero también vitales, del virus, es notoria. Y, sencillamente, no es comprensible. Desde una perspectiva política, la gestión socio-laboral de esta crisis tampoco está en manos profesionales.

ABC

viñeta de Linda Galmor