Si algo está demostrando la segunda ola de contagios del coronavirus en España es que la cogobernanza que con tanto boato proclamó Pedro Sánchez meses atrás es inservible. O peor aún, que no existe. La alarma generada por ejemplo en Asturias, que acaba de solicitar al Gobierno central autorización para decretar un confinamiento masivo, dada la tasa de transmisión comunitaria, no ha sido argumento suficiente para que Salvador Illa lo permita.

De hecho, Sanidad no ve razones suficientes para un cierre radical donde el presidente asturiano sí las percibe. ¿El resultado? Una desautorización del Gobierno central a otra autonomía.

La réplica del presidente de Castilla-La Mancha alentando la eficacia de un mando único en la lucha contra el Covid-19, y no una respuesta múltiple y divergente de diecisiete comunidades, es otra evidencia de que España está multiplicando sus esfuerzos sin homogeneidad, sin criterio solvente y con una variedad de normas que solo generan caos administrativo y confusión ciudadana.

La conclusión es que el diseño de la respuesta al virus este otoño es un fracaso. De nuevo emerge la improvisación, la desviación de responsabilidades para que no salpiquen a La Moncloa.

Sánchez solo ha querido imponer una nueva alarma para gobernar seis meses a conveniencia sin apenas tener que dar explicaciones. No ha aprobado una sola norma que permita garantizar una respuesta eficaz contra el virus y se ha limitado a utilizar la excepcionalidad como coartada para que las autonomías actúen a ciegas.

Ni existe la dirección única que Sánchez se jactó de asumir en primavera, ni existe autonomía real en las comunidades. Asturias solo ha sido el último caso, como antes Madrid fue el conejillo de indias de este Gobierno.

Ni Sánchez asume poder, salvo para ideologizar el virus a su capricho, ni lo cede para que las comunidades actúen en función de la evolución de la enfermedad. Objetivamente, la cogobernanza no sirve para nada salvo para que La Moncloa, y todo su aparato de propaganda oficial, combatan el desgaste de su imagen.

España no está ni mejor ni peor que otros países de nuestro entorno. Sanitariamente, el problema es común. No obstante, hay una diferencia sustancial en el modo de afrontar políticamente la lucha contra la pandemia, y ahora parece que el Gobierno de Sánchez actúa de una manera similar a la que inicialmente adoptó Boris Johnson en el Reino Unido, infravalorando la relevancia de los contagios y primando la vida social y económica sobre los «encierros» masivos.

En Italia es el primer ministro, de acuerdo con la Presidencia del país, quien asume la responsabilidad final de todas las restricciones; en Alemania, Angela Merkel pacta con su Parlamento y con todos los «lander» las medidas comunes que deben adoptarse más allá de que se trate de un Estado federal; y en Francia, Macron igual, pese a las reservas de sus departamentos regionales…

Pero ninguno de ellos ha planteado seis meses de estado de alarma para echar balones fuera. Sencillamente, se han organizado legislativa y administrativamente para que las soluciones sean eficaces y coherentes, de modo que el mapa de regulaciones en cada país no genere una pugna que maniate a cada territorio.

Gracias a Sánchez, España vuelve a ser un caso único. Algo no va bien en España cuando la respuesta al virus es tan diversa, tan incoherente y tan inexacta.

Y algo no va bien en el planeta cuando ocho meses después, y sin vacuna posible por ahora, un virus sigue condicionando nuestra vida y nuestra economía hasta el punto de situar a países como el nuestro al borde de una quiebra, presa de la inacción y la negligencia de Sánchez, y ese es el auténtico problema.

ABC