ESTA OBSESIÓN CON LA CONCERTADA

LA MINISTRA de Educación, Isabel Celaá, trató de recular el viernes de suantidemocrática propuesta para estrangular la educación concertada. Pero sus declaraciones anteriores en el Congreso de los Diputados volvieron a ese mantra de la izquierda que atenta contra libertad de los españoles y afecta especialmente a las clases medias y bajas. Porque allí donde se cierren centros concertados, las familias adineradas que quieran ese tipo de educación para sus hijos podrán llevarlos a la red privada, mientras que las que tengan pocos recursos se quedan sin opción. Es una forma de discriminar como otra cualquiera.

Se trata de una cuestión de libertad. La Constitución contempla el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y fue el socialismo el que propuso los conciertos escolares en su primera ley educativa de 1985. Es un modelo que funciona, pero cada vez que el PSOE llega al poder amenaza con eliminarlo. Ocurrió con Zapatero en 2004 y vuelve a pasar ahora.

Esta vez, además, retorciendo sus principios. Porque el PSOE es un partido atento a las demandas sociales. La lucha por la igualdad de género o las acciones en favor de la diversidad son dos ejemplos de cómo los socialistas han hecho suyas -y plasmado en leyes cuando han gobernado- legítimas aspiraciones sociales.

Por eso, el Gobierno debe explicar mejor por qué quiere eliminar de la ley de educación el concepto de «demanda social» con el objetivo de estrangular los colegios concertados. Es decir a esas familias que piden plazas en ellos para sus hijos que no se les va a hacer caso. ¿Se imaginan lo mismo con el impulso del movimiento feminista nacido tras el 8 de marzo?

La enseñanza concertada es un modelo adecuado en el sistema educativo español. Atiende a más de dos millones de alumnos y cuenta con unos 130.000 profesores en unos 3.500 centros, de los que, al contrario de lo que puede pensarse, el 40% no tiene ya nada que ver con la Iglesia católica.

No es complicado de entender: es constitucional, la quieren muchos españoles, ahorra dinero al Estado y favorece sobre todo a las familias con menos poder adquisitivo. ¿Por qué acabar con ella?

Vicente Lozano ( El Mundo )