«Alarma» es la denominación oficial del estado decretado el viernes por Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid, pero en realidad otras palabras encabezadas igualmente por la primera letra del abecedario definen mucho mejor la situación creada por el presidente del Gobierno en la capital de España.

Subrayo «contra» y «capital de España» porque no existe en Europa ni probablemente en el mundo otro caso como el de este líder empeñado en destruir el centro neurálgico político y económico de su propia nación.

Lo que impuso el jefe del Ejecutivo a los madrileños en ese Consejo de Ministros extraordinario al que ni siquiera tuvo la decencia de asistir fue un atropello, una arbitrariedad, un abuso sin más justificación que su afán por vencer la resistencia de una región que se niega a dejarse gobernar por la izquierda con una obstinación intolerable para ese ególatra narcisista débil con el fuerte y fuerte con el débil cuya obsesión es el poder.

Sánchez no dictó su condena para doblegar al coronavirus, sino a Isabel Díaz Ayuso. No le acuciaba la preocupación por nuestra salud, sino la ira desatada en su ego elefantiásico por esa sentencia del TSJM que daba la razón a la Comunidad y tumbaba el decreto chapucero dictado por el ministro de Sanidad siguiendo sus órdenes.

No le movía la defensa del interés general, sino la soberbia de la que hace gala con creciente descaro. Por eso faltó a la verdad una vez más, sin inmutarse, utilizando datos que sabía desfasados para justificar su tropelía y cerrar la ciudad a cal y canto, negándose a considerar siquiera cualquiera de las alternativas que le ofrecían la presidenta y el alcalde con el fin de mitigar las desastrosas consecuencias que semejante decisión acarreaba para la hostelería, el turismo, el comercio y demás sectores al borde de la ruina.

Madrid ya estaba el viernes por debajo de los 500 contagios por 100.000 habitantes establecidos por el propio Gobierno como línea de demarcación, pese a lo cual fue declarada zona apestada y convertida en un lazareto, mientras Navarra, gobernada por el PSOE con el respaldo de Bildu, se libraba de la medida aun superando holgadamente esa cifra.

Las medidas tomadas por las autoridades autonómicas estaban funcionando en todos los frentes, desde la contención de la propagación del virus hasta la reducción del número de fallecidos o los ingresos en hospitales y UCI, lo que no hizo sino acrecentar el empeño represor del gabinete sanchista.

Millones de madrileños hubimos de aceptar resignadamente la campanilla de leprosos y el confinamiento, mientras la ministra de Educación embarcaba en un avión con rumbo a Bilbao, para pasar parte del puente en familia, y siete de sus colegas se iban a Portugal, pretextando la celebración de una cumbre perfectamente aplazable. La clásica ley del embudo «progresista»: lo ancho para ellos, lo estrecho para los demás.

Y lo peor es que la gran damnificada de este esperpento no es Madrid, sino España. Esta vez ha llegado tan lejos el despotismo, tan grosera ha sido la agresión a una comunidad cuyo pecado es votar al centro-derecha, que ésta se ha revuelto y ha plantado cara, con el consiguiente choque entre administraciones.

Y eso se paga. Los socios europeos asisten al espectáculo estupefactos, preguntándose si será sensato entregar miles de millones de euros en ayudas a un país regido por semejantes políticos.

Nuestra imagen internacional se hunde en el fango, nuestra economía se va a pique, nuestros proyectos de vida naufragan, pero él, Pedro el Arrogante, se relame de satisfacción por haber humillado a su enemiga.

Isabel San Sebastián ( ABC )

viñeta de Linda Galmor