ESTAFA SOCIAL

El proceso soberanista no ha tenido un impacto negativo sobre el PIB. No lo dice la Generalitat, sino la Autoridad Fiscal (AIReF), que admite que la economía “se comportó mejor de lo esperado”. Habría que revisar, pues, el catastrofismo que tantos políticos y periodistas de fino olfato exhibieron en octubre para incendiar la hoguera. Pero esto es España. Nadie responde de sus actos. Las dos orillas se zampan una recua de mentiras a condición de que no genere un efecto disruptivo en sus prejuicios. Así mantienen la ficción. Unos, creyendo que el inmovilismo soluciona el problema. Otros, atizando la quimera rupturista. Y que siga la noria.

“Hasta el 1-O había un plan y fuimos trampeando. El problema es que nadie contaba con que la cosa saldría más o menos bien”, le confesó un ex alto cargo del Govern al periodista Oriol March en Los entresijos del procés (Los libros de la Catarata). Si existía tal plan, desde luego, pasaba por horadar los servicios públicos. La aventura procesista ha sido ruinosa para la sociedad catalana. No tanto por el daño al crecimiento, sino por la laminación de las políticas sociales.

El independentismo siempre ha usado el expolio fiscal como subterfugio de la infrafinanciación crónica de los servicios esenciales, aunque lo cierto es que tanto el Ejecutivo de Mas como el de Puigdemont aplicaron tijeretazos sin piedad. El resultado es que, desde 2009, Cataluña es la comunidad autónoma que más ha recortado su gasto en educación, sanidad y servicios sociales: casi un 20% (4.134 millones de euros), según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En paralelo, Puigdemont camufló el dinero invertido en el 1-O y, tal como ha revelado EL MUNDO, inyectó 1,8 millones a cabeceras afines en 2017.

La senda soberanista sirvió de subterfugio a la derecha catalana para aplicar su proyecto ideológico. Mas dejó de cubrir bajas, cerró plantas hospitalarias enteras, implantó el euro por receta y muñió un plan para triturar el Instituto Catalán de la Salud -gestor del 80% de la atención primaria- para imponer una privatización parcial. La sanidad catalana perdió 2.400 profesionales y 1.100 camas hospitalarias.

¿Preocupa todo esto a Torra? No. O no lo que debería.Por eso antepone la república y la autodeterminación a los problemas reales en la agenda de la resucitada comisión bilateral. La inmundicia del 3% y la liquidación del Estado del bienestar son el subtexto de la farsa interpretada por el independentismo.

El resultado es que la mitad de los catalanes muestra más preocupación por las sentencias que obligan a retirar la estelada de las plazas públicas que por el colapso en las urgencias o las listas de espera. Ésta, y no la alarma macroeconómica, es la verdadera factura del procés. Una estafa deletérea.

Raúl Conde ( El Mundo )

viñeta de Linda Galmor