¿ POR QUÉ ES ÉSTE EL JUICIO VIP DE LOS ERE ?

El troceamiento de la causa ha permitido a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía ser juzgada al margen de las cuestiones más ‘groseras’ del escándalo

Chaves y Griñán se desentienden del fraude de los ERE y señalan al interventor

El banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla ha recibido esta semana a lo que en su momento fue lo más granado del socialismo andaluz. Dos ex presidentes de la Junta, seis ex consejeros y otros 14 ex altos cargos afrontan penas de inhabilitación o prisión (en función de los casos) por haber participado supuestamente en las maniobras para desactivar los controles y permitir el reparto arbitrario de las ayudas públicas.

Pero, para quienes no han estado muy al tanto de los detalles del procedimiento en los últimos años, ha sido una sorpresa no encontrar en ese mismo banquillo a algunos de los personajes más mediáticos y singulares de esta causa, como el chófer de la Junta que aseguraba que, con dinero del fondo de reptiles, compraba cocaína y montaba fiestas para su jefe, el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero. O el inclasificable presunto conseguidor Juan Lanzas, ex sindicalista, al que la Guardia Civil encontró 82.000 euros escondidos en un colchón en una finca familiar en Albánchez de Mágina (Jaén).

No, los detalles más escabrosos de la causa de los ERE, los que alimentaron horas y horas de televisión, no se verán necesariamente en esta causa, cuyo objetivo es saber estrictamente si los acusados confeccionaron o al menos conocían la supuesta ilegalidad (algunas defensas sostienen que el marco empleado era el correcto) de los procedimientos empleados para evitar el control previo de la Intervención de la Junta en el reparto de las ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

El troceamiento de la causa, que fue la primera decisión que tomó la juez María Núñez Bolaños tras sustituir en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a Mercedes Alaya, ha permitido que los encausados de mayor nivel en el escalafón de la Junta de Andalucía no se vean retratados en el mismo banquillo que el resto de investigados.

La juez Alaya siempre defendió la causa como un todo integral que era imposible de desgajar, pues el modus operandi de la Junta era siempre el mismo. Sin embargo, cabe recordar también que era la Fiscalía Anticorrupción la que reclamó a la magistrada una y otra vez que dividiera el proceso de manera que la instrucción no se eternizara y que se fueran cerrando las líneas de trabajo más avanzadas. Finalmente, la juez Bolaños optó por el troceamiento, lo cual ha permitido que tres de las muchas piezas en que se ha escindido el proceso estén ya o juzgándose (es el caso de la pieza política) o pendientes de que se señale la vista oral (es el caso de las piezas abiertas por las ayudas a las empresas Surcolor y Acyco).

Hay otra consecuencia directa de el parcelamiento que podría de alguna forma interferir sustancialmente en la marcha del proceso en su conjunto. Y es la resolución de la Audiencia de Sevilla de aceptar la tesis de la defensa del ex consejero Antonio Fernández para impedir que éste sea juzgado por los mismos hechos más de una vez. Se trata de un principio básico del derecho y de las garantías procesales pero que, en el caso de los ERE, puede tener un efecto demoledor sobre el resultado de la investigación.

De hecho, con el juicio por la pieza política ya en marcha, no acaba de quedar claro si las partes podrán introducir en sus interrogatorios asuntos que se dirimen en otras piezas. De no ser así, el ex consejero Antonio Fernández no tendrá que responder, por ejemplo, por nada que tenga que ver con las sobrecomisionespagadas a los intermediarios, que se juzgarán por separado en un procedimiento en el que Fernández ya no puede ser imputado.

Está por ver que el criterio aplicado a Antonio Fernández por la Audiencia de Sevilla sea extensible a otros acusados. De ser así, la causa se vería seriamente desnaturalizada.

Con este panorama, a los ex altos cargos de la Junta presentes esta semana en el banquillo les resulta más fácil de trasladar una imagen aséptica de su presunta participación en los ERE. Entre los argumentos políticos defendidos por el PSOE y su entorno se ha repetido esta semana, por ejemplo, que a ninguno de los que se han sentado delante del tribunal en esta primera pieza de los ERE se les acusa de haberse enriquecido con las subvenciones públicas.

Sostener esa imagen de ‘honorabilidad personal’ resulta mucho más fácil cuando no se les va a preguntar a los acusados por las citadas sobrecomisiones o por el dinero de la Junta presuntamente desviado a empresas domiciliadas en paraísos fiscales, como sostiene otro de los imputados en otra de las piezas, el ex banquero Eduardo Pascual Arxé, con el que tampoco se cruzará la que fuera cúpula del gobierno socialista. Comprar cocaína y fiestas con el dinero del fondo de reptiles o introducir como intrusa a su suegra en un ERE subvencionado es tal vez algo parecido a un enriquecimiento personal. Pero lo cierto es que el ex director general Javier Guerrero es el único que desentona en este club VIP de los acusados por los ERE.

Teresa López Pavón ( El Mundo )