ESTO ES LO QUE HEMOS VOTADO

A hora que ya no hay que demostrar pusilanimidad electoral, la Fiscalía ya puede ponerse del lado de los golpistas catalanes. Después de que la Junta Electoral Central vetase la presencia de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comín en la candidatura Lliures per Europa, la Fiscalía de Madrid se opone a la decisión.

Habrá que reconocer que la Junta Electoral es un órgano con una composición plural que se ha caracterizado por defender los derechos de los candidatos a lo largo de su historia. Que esta vez dejase fuera a unos golpistas y la Fiscalía se oponga resulta cuando menos sorprendente.

Y que la Fiscalía de Madrid adopte una posición aparentemente tan diferente de la que está sosteniendo la Fiscalía General del Estado en el Tribunal Supremo es, por decirlo de una forma sencilla, abracadabrante. Confieso que no he podido cotejar el dato, pero me gustaría saber cuántas veces la Fiscalía de Madrid se ha opuesto a decisiones de la Junta Electoral Central al fijar posición en los múltiples recursos en cada elección.

Unos prófugos de la Justicia que intentan eludir al Supremo han recibido el amparo de la Fiscalía de Madrid. El recurso tendrá que resolverlo el juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de la capital de España. Sería fabuloso que un órgano judicial de inferior rango diera amparo a los prófugos que escapan a la acción de la justicia del Supremo.

En medio de todo esto, conocemos en el mismo día el despido del ex ministro de Sanidad Bernat Soria de su cargo en la Fundación Progreso y Salud -el nombre apuntaba maneras. Es un caso que ejemplifica perfectamente la hipocresía de la izquierda tan aficionada a denunciar el mileurismo y las puertas giratorias.

Soria empezó a trabajar para esa fundación en 2005 y estuvo en ella hasta que fue nombrado ministro de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 9 de julio de 2007. Se mantuvo en el cargo hasta el 7 de abril de 2009 en que cesó.

Pero menos de un mes después de salir del gabinete ministerial era recuperado por la fundación pública andaluza con un sueldo de 150.000 euros anuales, lo que casi duplicaba su salario en el Ministerio. Desde 2009 los emolumentos de Soria han llegado a 1,2 millones de euros.

A nadie le extrañó esto en la Junta andaluza en la que los casos de despilfarro y corrupción abundan pero son siempre de menor relevancia pública para la mayoría de los medios de comunicación. Sólo ahora al llegar al poder la coalición del PP y Ciudadanos ha salido a la luz un caso escandaloso en el que, además, Soria cobraba 5.000 euros mensuales por su plena dedicación mientras se le amparaba consintiendo que cobrase de cualquier otro sitio.

Lo peor de todo esto no son los casos concretos. Lo más grave es que la corrupción de la Junta de Andalucía en tiempos del PSOE es sabido que ha sido la mayor de la democracia española. Y todo el mundo sabe desde hace meses que Pedro Sánchez aspira a gobernar con el apoyo de los independentistas que quieren romper la unidad de España.

Y aún así los socialistas obtuvieron el domingo una holgada mayoría, aunque con el menor porcentaje de votos obtenido por un partido ganador de unas elecciones generales desde la Transición. Apuesto a que Torra no volverá a denunciar la dependencia y sumisión de la Fiscalía al Gobierno.

Ramón Pérez-Maura ( ABC )