ESTRUENDOSO SILENCIO

En esta España donde todo da igual, donde se vive tan bien que pensamos que nuestra bonanza es inmutable, se han proferido en los últimos días barbaridades insólitas en una democracia representativa. Altos cargos del partido del Gobierno, el PSOE, han salido en tromba a desacreditar a los jueces, porque sus sentencias resultaban incómodas para los socios antiespañoles que necesitaba Sánchez.

El presidente manifestó en su investidura que «hay que superar la vía judicial», que tanto «sufrimiento ha causado». Es decir, si políticamente no conviene, toca dejar de perseguir a quienes vulneren las leyes.

El insólito nuevo ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, político de ideario jurásico que apoya a las dictaduras cubana y venezolana, ha alertado sobre que «tenemos un gravísimo problema en las altas instancias del poder judicial», que son «el brazo reaccionario de la derecha».

Abiertamente ha amenazado a los jueces (imagínense lo que haría este tipo en un país sin los fuertes contrapoderes y libertades constitucionales que disfrutamos en España). Adriana Lastra, la número dos del PSOE -lo que da idea del nivel actual del partido- acusó a «las derechas» de estar tramando «un golpe de Estado», difamación que no le ha merecido reproche alguno.

Vivimos en un país donde los reporteros de la televisión al rojo vivo se queman a lo bonzo indignados si a Isabel Ayuso se le escapa una frase torpona sobre la contaminación; pero donde no pasa nada si los principales mandatarios de la coalición de Gobierno ponen a parir a la Justicia y abogan porque quede en suspenso ante los separatistas.

Si los jueces ya no merecen respeto, si la ley debe inhibirse ante los sentimientos, ¿cómo se salvaguardarán los derechos de todos?

El caso Torra es paradigmático de esta carcoma institucional. Las leyes fijaban claramente que si el presidente catalán se saltaba las normas que regulan la propaganda electoral en espacio público corría el riesgo de ser inhabilitado. Antes de sancionarlo, la Junta Electoral le hizo varias advertencias y hasta le dio un ultimátum.

Pero Torra consideraba que las leyes españolas, represivas y extranjeras, ya no iban con él. Así que las pisoteó con jactancia y provocación. Su problema es que la justicia, aunque lenta, acaba llegando. Fue a juicio y resultó inhabilitado por año y medio, sentencia inevitable a tenor de los hechos probados.

Ayer el Supremo lo reafirmó y la Junta Electoral le retiró por fin el acta de diputado, condición imprescindible para ser presidente de Cataluña según su Estatuto. Torra y el presidente del Parlament, en abierta rebeldía, respondieron que no harán ni caso. Torrent llegó a decir que «la Junta Electoral no es competente para quitar un acta de un ciudadano de Cataluña», como si de facto fuese ya un país independiente.

Tenemos a un presidente de una comunidad autónoma que ahora mismo está cometiendo un delito de «usurpación», pues ya no es diputado.

Tenemos un presidente del Parlament que está prevaricando. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno para defender el imperio de la ley? Un estruendoso silencio.

Luis Ventoso ( ABC )