El Expediente Royuela (ER) contiene documentación de todo tipo de corrupción, incluyendo más de 1.300 asesinatos de una metamafia pública. En estos asesinatos participaron 60 autoridades públicas, investigadas en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, en las Diligencias  Indeterminadas/09 con Número de Referencia ATC. La investigación fue ordenada por María Eugenia Alegret Burgués, Presidenta de este TSJ, porque su padre fue uno de los asesinados.

Esta investigación, incluye un informe de la Unidad de Policía Judicial de este TSJ sobre las cuentas bancarias en el extranjero de los tres miembros destacados de esta metamafia: fiscal José María Mena Álvarez y los miembros de la Guardia Civil Rafael García Ruiz y Juan Manuel García Pena, “dando positivas dichas investigaciones en el estado de Méjico, todo ello con las carencias y dificultades de este tipo de averiguaciones al no hacerse por vía judicial”.

Debe aclararse que este procedimiento del TSJ es un procedimiento gubernativo y no judicial que crean unas diligencias en la Fiscalía y unas diligencias policiales en la Unidad de Policía Judicial. Continua el informe diciendo que los tres investigados “son titulares de diversas cuentas corrientes y depósitos bancarios” en siete entidades en Méjico “se sabe con certeza que en cualquiera de los tres investigados supera con creces la cifra de TRES MILLONES DE EUROS”, teniendo 5, 6 y 9 “cuentas de orden y depósitos”.

Mena y su esposa, a través de su empresa en Luxemburgo que se denominaba Surface, adquirieron varios inmuebles pagados por adelantado. En el Departamento (provincia) Nord de Francia: el 24/11/2006 por 95.500€ y el 27/11/2006 varios por importes de 110.000€, 130.000€ y 140.000€; en el Departamento de París: el 09/11/2006 uno por 104.640€ y otro por 160.000€; en el Departamento de Marsella el 27/11/2006 por 190.000€; en el Departamento de Lyon el 27/11/2006 por 145.000€. En total 1.075.140 euros, pagados por adelantado por adquisiciones inmobiliarias en noviembre de 2006.

Juan Manuel García Peña también adquirió inmuebles en Francia, pagados por adelantado, a través de su empresa Readmake SA en Luxemburgo. También en el Departamento de Nord y también el 24/11/2006 por 71.000€ y también el 27/11/2006 varios por importe de 65.000€, 75.000€ y 90.000€; también en el Departamento de Lyon el 15/11/2006 por 71.200€ y 105.000€, también el 27/11/2006 por 130.000€. En total 607.200 euros, pagados por adelantado por adquisiciones inmobiliarias en noviembre de 2006.

Rafael García Ruiz también adquirió inmuebles en Francia, pagados por adelantado, a través de su empresa Desgilva SA en Luxemburgo. También en el Departamento de Marsella el 14/11/2006 por 120.000€, el 16/11/2006 por 79.500€ y también el 27/11/2006 por importe de 105.000€ y de 160.000€; también en Nord y también el 24/11/2006 por 71.000€ y también el 27/11/2006 por 65.000€, 80.000€ y por 90.000€. En total 770.500 euros, pagados por adelantado por adquisiciones inmobiliarias en noviembre de 2006.

En definitiva, los tres adquirieron fincas similares en pueblos, en los mismos departamentos en Francia, pagando por adelantado y desde empresas en Luxemburgo y todos en noviembre de 2006.

Mena cobró 21.576.000 euros por 200 asesinatos. Tras pagar a los miembros de la Guardia Civil que se encargaban de los sicarios, Mena ingresó 16.301.650 euros, principalmente en la cuenta bancaria 4407-3020-6021-1889-3387-4056 del UBS Credit Suisse. Mena ordenó más de 1.300 asesinatos.

Según el ER, Josep Arimany Manso, fundador y Director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, cobraba a 2.000 euros por cada uno de los 500 informes forense falsificados para encubrir los asesinatos.

Por otro lado, en el ER aparecen 5.246 millones de euros en cuentas bancarias en paraísos fiscales de numerosas autoridades públicas (políticos, fiscales, jueces, etc.) y de sus familiares, incluyendo al ex Presidente de Gobierno Felipe González y a la actual Ministra Margarita Robles.

Javier Marzal ( El Correo de España )