EL FRAUDE DEL REFERÉNDUM

Por mucho que los líderes independentistas alardeen de su radical sentido democrático, los avances en la investigación del referéndum del 1 de octubre permiten concluir justo lo contrario. La Generalitat, de la mano de Puigdemont y Junqueras, orquestó un fraude de consulta no sólo por el carácter ilegal de la misma sino por la ausencia absoluta de garantías en su convocatoria y desarrollo. Fue tal la estafa que representó esta votación que, tal como revela hoy EL MUNDO, la Generalitat ya tenía impreso el material para el 1-O cuando convocó el referéndum suspendido por el Constitucional, lo que significa que perpetró esta infraestructura mediante encargos clandestinos a empresas afines al procés.

Los informes elaborados por la Policía Judicial relacionados con la impresión del material electoral, a los que ha tenido acceso este periódico, acreditan que el Gobierno de Puigdemont dio orden a las imprentas en pleno mes de agosto de tener listos los impresos necesarios para las votaciones a principios de septiembre. Además, la Guardia Civil también ha descubierto que las instrucciones para los vocales e interventores de las mesas y los formularios para rellenar los nombres de los votantes estaban ya impresos y abonados una semana antes de la convocatoria oficial.

La Fiscalía sostiene que el pago se realizó con fondos públicos mediante “negocios jurídicos simulados”. Por ejemplo, la imprenta Indugraf Offset ya tenía listo en agosto el encargo de los trabajos relacionados con la consulta ilegal en agosto. En esta gestión, el cliente era el semanario independentista tarraconense El Vallenc, que utiliza la referida instalación para imprimir su publicación y que fue empleado como empresa interpuesta por el Gobierno catalán. Cabe recordar que agentes de la Guardia Civil ya rastrearon en septiembre la sede de este semanario durante un registro que la propaganda independentista explotó de forma mendaz como si se tratara de un ataque a la libertad de expresión.

La impresión de documentos para un referéndum sin base legal “supone un acto de colaboración directa y necesaria”, tal como señala el Ministerio Fiscal. Pero lo que revela la información que hoy publicamos va más allá de las consecuencias penales para las empresas que colaboraron en el 1-O. Lo que muestra es la falta absoluta de escrúpulos de la Generalitat a la hora de abordar los preparativos de una consulta sin sostén legal.

Resulta fundamental constatar esta certeza en plena recta final de la campaña, justo cuando Puigdemont sigue focalizando el bloque independentista con constantes apelaciones a la restitución de la “legítima” Generalitat. Resulta inadmisible e inexplicable que, con todas las irregularidades acumuladas en este proceso, el independentismo siga reivindicando la dramática pantomima del 1-O como un ejemplo de ejercicio democrático.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor