El debate está servido: ¿tiene autonomía plena un presidente del Gobierno para dar de improviso un giro drástico a la política exterior, poner el peligro una parte significativa del territorio nacional, entregar el destino del pueblo saharaui que ocupa el Sahara Occidental a la dictadura marroquí y poner frente a las Islas Canarias una línea de costa de varios miles de kilómetros enemigos?

             La última ocurrencia de Sánchez ha traspasado los límites de la cordura y la decencia, ha traicionado la historia reciente de España, ha dañado seriamente la imagen de nuestra nación en el exterior y ha permitido una vez más que los moros de ahí abajo, nuestros enemigos de ayer, hoy y mañana, nos tomen por idiotas y se rían a carcajada limpia de los “tontos españoles”, como cuando lo expresan de viva voz si se sienten con confianza y uno charla con ellos.

             El último personalismo de Sánchez es intolerable y precisa con urgencia estudiar el caso concreto, el de regalar el Sahara Occidental, como si fuese suyo, y armar una demanda penal contra Sánchez aplicando en detalle Derecho Constitucional e Internacional a manos de prestigiosos especialistas para dejar en papel mojado la carta que Sánchez ha remitido al pequeño, pero gran estratega, Mojamé VI, que ha hecho lo que aprendió de su padre, esperar el momento oportuno para dar el zarpazo.

             La carta de Sánchez, su contenido, debe ser anulado, dejado sin efecto. Para ello debe analizarse en detalle su redacción y el contexto que la rodea, hasta encontrar la vía de abordaje entre las que están el artículo 102 de nuestra Constitución:

            “La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (1).

             Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo (2)”.

             Esta entrega personalísima del Sahara Occidental a Marruecos conlleva tres consecuencias que ponen en peligro la seguridad del Estado español y ello constituye una clara responsabilidad criminal: Una es que habilita varios miles de costa frente a las islas Canarias y que de ser equipada esa nueva frontera marroquí con misiles eso mismo haría imposible la defensa de esta parte de España; otra es que convierte a Marruecos en una gran potencia en África y desestabiliza la geopolítica de ese continente y de camino nos crea nuevos enemigos, como es el caso de Argelia,  y una tercera es el desprestigio de la imagen de España en todo el mundo como una nación que no es de fiar, sin criterio, sin principios, sin rumbo, impulsiva, capaz incluso de traicionar su propia historia y ningunear tanto a su Parlamento, Rey y ciudadanía.

              Un referéndum, ese es el mecanismo para autorizar desde la legalidad el desmembrado de un trozo de España, ya sea físico ya cultural e histórico, como es el caso del Sahara Occidental, nunca como ha hecho Sánchez que incluso ha desoído a parte de su Consejo de Ministros, incumplido su programa electoral y engañado a sus votantes y a gran parte de los españoles, entre ellos nosotros, quienes apoyábamos la independencia saharaui, jamás desde una rendición con la entrega de una nación en pleno proceso de independencia que seguro también se siente traicionada, abandonada a su suerte frente a su nuevo dueño.

              Urge habilitar un bufete de prestigiosos abogados especializados tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Internacional y encargarles que tejan una sólida demanda penal contra Sánchez, escrito que debe incluir a la ONU en la defensa del pueblo saharaui.

             Demanda penal, pues, al objeto de restaurar la situación anterior y deshacer, dejar sin efecto la personal misiva de un presidente irresponsable y que es sólo eso, una carta que recoge la opinión personal de quien se imagina y cree con autoridad, potestad y respaldo legal para dotarla de efecto, tres atributos de lo que carece Sánchez.

              Sánchez está fuera de toda razón, algo a lo que nos tiene acostumbrados, ya que pasa el día mirándose al espejo, pero lo peor no es eso, tal vacuidad, sino que se ha vuelto muy peligroso e incluso dispone de lo que no es suyo, de las vidas de 600.000 saharauis, de su patria, 250.000km2, y de sus destinos, como también acaba de poner en peligro la seguridad del territorio español, las islas Canarias y sus aguas, y de camino, por no dejar títere con cabeza, nos hace pasar por tontos a los españoles de bien.

José R. Barrios ( El Correo de España )