En el debate de investidura de SánchezPablo Iglesias declaró «enemigos» del Gobierno a jueces, empresas y medios críticos. Los intentos de amordazar la libertad de expresión que hemos visto desde entonces responden a esa lógica perversa.

Por suerte, nuestro Estado de derecho aún mantiene muchas de sus fortalezas y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional acaba de atajar el último de la formación morada para silenciar las voces críticas contra el Ejecutivo. En concreto, ha dado carpetazo a las diligencias por la difusión en redes de comentarios o imágenes -manipuladas algunas y otras sencillamente mordaces- para criticar la gestión de Sánchez y los suyos durante los primeros meses de la pandemia.

Podemos denunciaba que se imputaban actuaciones falsas con el ánimo de desinformar y alarmar a la población. Eso sí, el partido ni se ha cortado en lanzar su propio panfleto digital como lanza contra la prensa independiente.

Pues bien, el fiscal deja claro que «los hechos no pueden ser perseguidos penalmente» porque están dentro del amplio margen de la libertad de expresión y, además, subraya que «la crítica es necesaria porque así se controla la acción del poder y se evitan las conductas totalitarias y carentes de respeto con los derecho de los ciudadanos». Es un revolcón a una formación que tiene un preocupante problema con las libertades.

No estamos ante una maniobra novedosa de la coalición que hoy comparte el Consejo de Ministros. Baste recordar el escándalo que generó el reconocimiento por parte de un alto mando de la Guardia Civil de que tenían órdenes de investigar en las redes lo que fuera «susceptible de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».

El ministro Marlaska nunca asumió su responsabilidad, se limitó a esconder la cabeza y a dejar correr el tiempo. Resulta inquietante no ya la nula cintura de Podemos y PSOE para asumir las críticas, máxime en un asunto como la gestión de la pandemia en el que los datos objetivos son tan alarmantes, sino su obsesión continua por limitar derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución como el de expresión o el de información.

Que Podemos, además, denuncie las críticas que le afectan como delitos contra las altas instituciones del Estado cuando no deja de exigir, por ejemplo, la despenalización de las injurias a la Corona, es de un cinismo insoportable.

El Mundo