El fundador de Intervida acusa al ex juez Baltasar Garzón de estafa
Cinco años después de que el juez Pablo Ruz diera carpetazo a la causa abierta contra Intervida al no apreciar delito alguno, el fundador de la ONG, en su día la tercera mayor de España, acusa al ex juez Baltasar Garzón de una posible estafa millonaria.
Rafael Puertas, fundador de Intervida -ahora Educo-, ha acusado públicamente a Garzón de haber realizado presuntamente una estafa millonaria, junto a Montserrat Tura, ex consejera de la Generalitat de Cataluña, también citada en la denuncia.
En rueda de prensa, Puertas ha asegurado que Garzón también habría cometido un supuesto delito de “apropiación indebida”. Puertas ha salido de nuevo a la palestra cinco años después de que el juez Ruz archivara la causa por el que estaba imputado.
Puertas siempre ha mantenido su inocencia en este caso, ya archivado, llegó a atribuir la investigación judicial iniciada en 2007 “campaña” orquestada por los intereses políticos de la Generalitat.
Según la fiscal, los responsables de la ONG destinaban el dinero de los apadrinamientos a constructoras, bancos, farmacéuticas y colegios de élite. En muy poco espacio de tiempo, 100.000 padrinos se dieron de baja de la ONG, la mayor privada de toda España.
No obstante, la ONG actuaba como si fuera una empresa. Para evitar fraudes y conocer el destino real del dinero, se creaban distintas empresas, como constructoras –para vivienda social-, bancos –para microcréditos– y colegios para los más desfavorecidos, y no como decía la acusación que iban a construir viviendas de lujo, colegios de élite y farmacias para personas pudientes.
El esquema de la ONG era pionero, y de hecho se ganó despectivamente el sobrenombre de la ONG de los empresarios. Y es que, los proyectos que salieron a la luz por el juez Pablo Ruz apuntaban a viviendas en uno de los barrios más marginales de Perú, el Rímac, por lo que nadie construiría allí viviendas de lujo, como afirmaban previamente las acusaciones. Todas las empresas, según las autoridades y testigos, tenían el fin social para el que fueron constituidas.
Pero ya era tarde. Desde 2007, la consejera de Justicia de Cataluña, Montserrat Tura, ya había desmantelado la cúpula de Intervida. Eligió a Ángel Miret (UGT), Maurici Romero (Intervención General de la Generalitat) y Didac Ramírez (rector de la Universidad de Barcelona), que fue sustituido por Alex Masllorens (diputado del PSC).
Todos ellos contaban con el aval de Garzón para cortar la financiación de proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala, pero continuaron cobrando las cuotas a los padrinos. En concreto, más de 100 millones de euros en cuentas bancarias.
Una de las madrinas, según publicaba ABC, amenazó con denunciar esta estafa y le fue devuelta la aportación de tres años de cuotas, cerca de 600 euros.
