GENOCIDIO EN PEDRALBES

De esto alza acta un «relator»: «Tenía 14 años. No sé cómo perdí a mi familia. Lo que sé es que, allá donde se encuentren, tendrán más paz que la que yo tendré nunca. El dolor y la tristeza no pueden alcanzarlos… Hombres, mujeres, niños y viejos eran golpeados a machetazos y bastonazos.

Unos perecían, los otros avanzábamos sobre sus cuerpos mutilados en descomposición. Fui golpeada con machete y bastón, y seguí corriendo. Fui violada y apaleada, y seguí corriendo. Vosotros diréis que fui valiente y animosa. Y sí, miré a la muerte cara a cara y pagué un precio atroz por sobrevivir.

De algún modo, tuve suerte: no vi matar a mi familia. Y ni siquiera sé si fueron torturados… Los bebés eran utilizados como dianas en los campos de tiro». Ruanda, abril-julio de 1994.

Hasta la noche del martes pasado, tú ponías «relator» en Google y aparecía un nombre: René Degni Ségui. Y una institución: la ONU. Y una misión: el último genocidio del siglo XX. Y unas cifras: entre 800.000 y 1.200.000 tutsis asesinados en el intervalo de tres meses y diez días.

Y un país devastado: Ruanda. A partir de la noche de anteayer, esas entradas de Google se entreveran con los nombres de Joaquín Torra y Pedro Sánchez. En lo que es, sin duda, la mayor vergüenza para un político español desde el año 1978.

Al aceptar la figura del «relator», el presidente del Gobierno español admite la sospecha más horrible que pueda caer sobre un país en el mundo moderno. Si está justificado introducir un observador externo -ya veremos con qué rango y de qué nacionalidad- en la relación entre el aparato ejecutivo del Estado y los altos funcionarios de una de sus administraciones locales, es que la verosimilitud de un genocidio ha sido contemplada. Sólo en ese caso se justifica que el acta notarial de tal encuentro recaiga, no sobre la administración nacional que lo regula, sino sobre una «parte neutral», que opere como garantía de que el más débil no sea exterminado.

En condiciones de normalidad jurídica, dos personas que se reúnen para negociar pueden reclamar la presencia de un notario. En el caso de una Administración y un subordinado suyo, el Estado dispone de cierta función específica: la del Notario Mayor del Reino. Que coincide en la persona del ministro de Justicia. Torra puede juzgar un mentiroso a Sánchez. Y a la inversa. Ambos están en su derecho de mutuamente despreciarse. Y es sensato que pongan al notario general del reino por testigo. Para eso existen las instituciones. Cuando existen.

Pero, si Sánchez admite que es preciso un «relator» externo, está cediendo el criterio de verdad a Torra y está llamándose a sí mismo genocida. Por extensión, nos lo llama a todos. Es la mayor vileza que haya cometido un político español en lo que va de democracia. Torra gana. A cambio, Sánchez mantiene domicilio en La Moncloa.

Gabriel Albiac ( ABC )