Así es como nos tiene este Gobierno, que no sale de una y ya está metido en otra, desde que comenzó esta desafortunada legislatura.

Porque su actuación se ha desenvuelto, en buena parte, en el seno de dos estados de alarma declarados inconstitucionales, ya que no se pueden restringir derechos y libertades fundamentales sin contar con el Congreso a quien se ha tenido ilegalmente postergado.

De la misma forma en que tampoco se podía delegar en las CCAA la libre adopción de medidas sin control alguno ni por el Gobierno ni por el Congreso, y así lo ha anunciado ya el Tribunal Constitucional sobre el último estado de alarma.

Y por si todo esto fuese poco ahora resulta que es muy posible que los indultos a los separatistas catalanes condenados por sedición, también puede resultar inconstitucional. 

La “utilidad pública” tan aireada y cacareada por Sánchez para motivar estos indultos se encuentra en la vieja Ley de 18 de junio de 1870 (estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto), en cuyo artículo 11 se dice lo siguiente:” El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado”.

Y como se trata de una norma preconstitucional, el Tribunal Supremo tiene competencia para declarar su inconstitucionalidad (según doctrina del propio Tribunal Constitucional). O sea, que alguien se ha dado cuenta de que esa supuesta “utilidad pública” es una pura milonga que solo sirvió para ocultar el verdadero “interés particular” de Sánchez que consistía en garantizarse el apoyo parlamentario de los separatistas catalanes.

Dicho corto y claro; pretende vendernos una ficticia “utilidad pública” cuando lo que realmente persigue es algo bien diferente y en su propio provecho.

A esto se le llama, en Derecho, arbitrariedad y se encuentra proscrita por el artículo 9.3 de nuestra Constitución: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

A ello hay que añadir que también existiría colisión con el artículo 117.3 de la Constitución, que establece que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.

Por tanto, se ha pasado por el forro tanto la interdicción de la arbitrariedad (que sería reconducible al abuso de poder) como la competencia de los jueces para hacer ejecutar lo juzgado, y así opinan otros juristas a los que me sumo.

Pero es que a la ilegalidad bajo la cual Gobierna se añade su incapacidad manifiesta para hacer frente a los problemas reales que tenemos todos los españoles, entre los que se encuentra el incesante crecimiento del precio de la energía eléctrica, los daños causados por la lava a los habitantes de La Palma o el incremento del IPC.

Comienzo por el desaguisado que ha organizado con las medidas para frenar la subida del precio de la energía eléctrica (plasmadas en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad) que ha servido para muy poco porque la energía eléctrica sigue subiendo en los recibos.

Y de estupidez o tomadura de pelo es el ampulosamente denominado “bono térmico social” para el que se dedica una partida de 48 millones de euros para agua caliente y calefacción. Y se suma al bono térmico social clásico, la traducción de esa partida es descriptiva de su concepto del “escudo social”: cada hogar (tres personas) recibirá al año 37,79 euros.

O, lo que es lo mismo, diez céntimos por hogar y día. O sea, poco más de tres euros al mes, lo cual además de una solemne estupidez es una miseria que nada arregla y nos cuesta bastante. Porque conviene no olvidar que cuando el Gobierno habla de “dar” ayudas sociales, lo hace con nuestro dinero y no con el dinero de sus miembros, por lo que nada tiene de generosidad (y sí mucho de propaganda).

Y no me resisto a cerrar este artículo con las últimas absurdas estupideces que han salido de este Gobierno social-comunista para quien las niñas no deben vestir de rosa ni deben comer dulces, chocolate helados y zumos.

Así es Alberto Garzón anunciando estupideces. Y como también pretende prohibir o restringir el consumo de carne, ya me dirán lo que vamos a comer, porque no creo que sea el gobierno quien tenga que decirnos tal cosa.

Eso sí, debe enseñarse a nuestra infancia a masturbarse correctamente (con clases prácticas en las escuelas), lo cual solo puede ocurrírsele a mentes absolutamente perturbadas como es el caso de los comunistas que pueblan nuestro Gobierno y el de algunas Comunidades Autónomas.

Lo que digo, cada vez con mayor frecuencia … ¿qué te hemos hecho, Dios mío, para merecer esto?

José Luis Villar ( El Correo de España )