La corrupción es un mal endémico en España. Un mal crónico, arraigado hasta lo más hondo, que afecta a todas las formaciones sin excepción, con mayor incidencia, como es lógico, en las que más presupuesto administran o han administrado.

Todo lo que toca la política es susceptible de contaminarse y de hecho se contamina: desde el mundo financiero hasta la Justicia, sin olvidar los medios de comunicación, tanto más sospechosos de connivencia cuanta más ayuda pública hayan recibido, ya sea en forma de inyecciones monetarias, de licencias o de favores destinados a enjugar sus deudas.

La corrupción no tiene ideología. Para nuestra desgracia, aquí hace ya muchos años que los partidos se convirtieron en máquinas de alcanzar o conservar el poder, lo que condena al ciudadano rehén de esa realidad a taparse la nariz y votar la opción menos lesiva para el interés general o el suyo propio. Hay que ser muy sectario o estar muy mal informado para pensar otra cosa, se lo aseguro.

En ese contexto, el sentido común debería llevar a los periodistas independientes a denunciar con mayor urgencia y alharaca los casos relativos a quien está a los mandos de la nación, aunque solo fuera para impedir que empleara los resortes del Estado para seguir delinquiendo impunemente.

Pues bien, si echamos un vistazo a nuestro panorama mediático, llegamos a la conclusión de que o escasean los periodistas independientes, o abundan inquietantemente los medios comprados, o andamos tan sobrados de sectarismo como faltos de dignidad y decencia democrática.

En este preciso momento, tres son los grandes escándalos políticos que investigan los tribunales. Uno viene de muy atrás y afecta al pozo negro que fue durante lustros el Gobierno de la Generalitat, con la familia Pujol en pleno imputada por sus lucrativos manejos.

De esa investigación poco o nada se cuenta. Aparentemente, no interesa. Otro se refiere nada menos que al vicepresidente del Gobierno y su partido, Podemos, implicados en varios presuntos delitos a cuál más grave: financiación ilegal, cobro de comisiones y sobresueldos ilícitos, denuncia falsa con fines electoralistas, destrucción de material informático y coacciones a un testigo clave en esas causas, entre otros.

Hablamos del número dos del Ejecutivo y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, señalada por ese testigo, José Manuel Calvente, en sus declaraciones ante el juez. Algunos periódicos, como ABC o Libertad Digital, están siguiendo el asunto de cerca. Son la excepción a la regla.

Las televisiones pasan de puntillas sobre el caso, cuando lo mencionan, mientras dedican largas horas a desmenuzar el conocido como «Kitchen», referido a la posible utilización de medios policiales y fondos reservados por parte del PP, cuando estaba en el gobierno, para tratar de borrar el rastro de fechorías pasadas.

Lejos de mí la intención de restar gravedad a este turbio asunto que investiga la Audiencia Nacional. Quien la haya hecho, que la pague. Para eso están los tribunales y las cárceles. En lo que respecta a la responsabilidad política, no obstante, las elecciones ya sentenciaron y enviaron al PP a la oposición.

¿Por qué deleitarse entonces hurgando en esa llaga? Porque aquí la corrupción se mide con distinto rasero según afecte a la derecha o a la izquierda. Rige la ley del embudo: lo estrecho para la diestra, lo ancho para la siniestra.

Y así el dedo acusador apunta hacia Rajoy, Cospedal o Casado, mientras Iglesias y su señora disfrutan del despacho oficial.

Isabel San Sebastián ( ABC )