EL GOBIERNO Y LA JUSTICIA, FIRMES EN LA SECESIÓN

El Estado de derecho continúa firme su lucha contra las pretensiones secesionistas, que ayer sufrieron importantes varapalos. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió ayer a prisión sin fianza a Jordi Cuixart, de Òmnium, y Jordi Sánchez, de la ANC, acusados de ser los “promotores y directores” de los disturbios del 20 de septiembre en Barcelona, “alentando y dirigiendo” las acciones de la “masa”. Además, retiró el pasaporte tanto al Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, como a la teniente de la policía autonómica Teresa Laplana. A ambos, imputados por sedición por su actuación en los mismos hechos, se les ha prohibido salir del país y tienen la obligación de presentarse cada 15 días en un juzgado, una medida de suma gravedad tratándose de altos mandos de uno de los cuerpos de seguridad del Estado a los que se acusa de un delito que está penado con hasta 15 años de cárcel.

Puigdemont, por su parte, volvió ayer a protagonizar la enésima provocación con su respuesta al requerimiento planteado desde Moncloa. No solo no respondió de forma clara e inequívoca como se le pedía, sino que incluso volvió a acusar al Estado de represión, el mismo día en el que España fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que supone un varapalo al relato cargado de mentiras y victimismo del independentismo. Puigdemont, también, como si un golpista tuviese la misma legitimidad que el Estado al que pretende destruir, volvió a pedir un diálogo de igual a igual, una opción que Rajoy no puede aceptar bajo ninguna premisa. Es más, ahora ya no le queda ninguna excusa para imponer el artículo 155, que hay que recordar que no se hace para suspender la autonomía, como se repite sin fundamento, sino para restaurar la legalidad estatutaria y constitucional que el Govern anuló con la aprobación de las leyes de transitoriedad y del referéndum, dos normas inconstitucionales y totalitarias.

Finalmente, la sangría económica que supone la salida de empresas está dejando sin argumentos a los que habían prometido una Arcadia de prosperidad. La inestabilidad está provocando que diariamente abandonen la comunidad 150 empresas, algunas tan representativas como Codorníu, que ayer llegó a la conclusión de que para proteger sus intereses, los de sus empleados y los de sus clientes lo mejor era abandonar Cataluña, donde fue fundada en 1551. Aquí las víctimas no son quienes pretende la propaganda separatista, sino las empresas más emblemáticas y el autogobierno de Cataluña.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor