GOBIERNO…¿ PARA QUÉ ?

El coste estimado de las promesas económicas que contenía el vago discurso de investidura de Pedro Sánchez se cifra entre veinticinco y treinta mil millones de gasto extra que, aunque el candidato no aclaró cómo obtendría, sólo se pueden financiar a través de impuestos y de deuda. Es decir, por vía directa o indirecta, del bolsillo de los contribuyentes y de las empresas.

Añádanse las previstas exigencias de Podemos, cuyo programa electoral -aparte de esa cartera de Bienestar Animal, léase restricción o abolición de la caza y los toros, y otras peticiones pintorescas-, es una auténtica OPA hostil al sistema, y se entenderá el alivio de las clases medias ante el fracaso de una alianza de izquierdas que en la práctica suponía poner a cuarenta de cada cien españoles a trabajar en el sostenimiento subsidiado de los otros sesenta.

Por la misma razón, no resulta comprensible la preocupación expresa de los dirigentes patronales y de las grandes firmas tecnológicas y financieras, que dicen lamentar la ausencia de un Ejecutivo estable sin que al parecer les importe quién lo forme ni con qué consecuencias. Ver al alto empresariado reclamando más presión fiscal y más regulación produce la misma sorpresa que un procesado que pidiera que lo metiesen cuanto antes entre rejas.

La salmodia de la inestabilidad o el vacío de poder es un mantra falso. Está en funciones el Gobierno, no el Estado. Los servicios públicos funcionan con normalidad gracias al presupuesto prorrogado, Hacienda continúa recaudando y el músculo autónomo de la economía mantiene la inercia de crecimiento y un descenso aceptable del paro.

Lo que no se puede es gastar más, como solicitan las insaciables autonomías, ni derogar reformas como pretenden los que convirtieron en casus belli el control del Ministerio de Trabajo. La consabida reclamación de un Gabinete de coalición transversal olvida que en este momento existe de facto: hay un presidente socialista con unas cuentas liberales heredadas del anterior mandato.

Ciertamente es una situación transitoria cuyas ventajas se acabarán agotando pero tampoco viene mal, en un país tan intervenido y sobrelegislado, una pausa de seis meses o un año en la persistente intromisión oficial en la vida de los ciudadanos. Sobre todo es mejor que una ofensiva de proyectos de ingeniería social, despilfarro subvencional y avasallamiento tributario, que es lo que anunciaba el fallido pacto de frentepopulismo bolivariano.

Ciertos capitanes de empresa deberán explicar su prisa por acabar con un bloqueo político que en principio no parece haber afectado a sus beneficios. Quizá sólo creen de boquilla en las virtudes del liberalismo. Pero si el impasse institucional termina con el desenlace previsto, les oiremos quejarse en cenáculos y corrillos. Y de no ser por lo que perjudicaría al interés general, cabría colegir que se lo tienen merecido.

Ignacio Camacho ( ABC )