GOLPE AL CRÉDITO DEL TRIBUNAL SUPREMO

La decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplazar hasta el 5 de noviembre el Pleno decisivo -donde fijará el criterio con relación a la sentencia de la semana pasada, que atribuía a la banca el pago del impuesto de las hipotecas- no hará más que alargar la incertidumbre y la alarma social despertada hasta la fecha.

La suspensión en apenas 24 horas del cambio de doctrina -el TS estimó en febrero que eran los hipotecados quienes debían hacer frente al tributo- revela un fallo de gestión de Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera, encargada del fallo, al tiempo que erosiona la confianza en la acción de los tribunales, que muchos ciudadanos consideran permeables a presiones externas.

A la espera de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y con independencia de si sus miembros revocan o mantienen la doctrina de la sentencia que acordó que sean las entidades bancarias las que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados, lo cierto es que tal desconcierto socava el crédito de este tribunal y revela la guerra larvada en su seno.

 Resulta inverosímil, por las funciones inherentes al cargo que ocupa, que Díez-Picazo no estuviera al tanto de que el tribunal iba a tomar una decisión que altera la postura jurisprudencial de su Sala. Y en todo caso, debería haber tenido los reflejos oportunos para prever las profundas repercusiones sociales y económicas de esta decisión y para evitar el escándalo que supone la autoenmienda perpetrada por el Supremo.

Díez-Picazo fue nombrado magistrado del quinto turno -procedente de la docencia y no de la judicatura- y, tras ser avalado por Carlos Lesmes y apoyado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP, acabó siendo elegido presidente de la sección dedicada a juzgar los actos del Gobierno y de las Administraciones públicas, arrebatándole su prórroga de mandato al prestigioso José Miguel Sieira.

A raíz de su nombramiento, este periódico ya señaló que, pese a su acreditada reputación docente, adolecía de la experiencia adecuada para manejar las responsabilidades exigidas a la Sala que preside, justo la carencia acreditada ahora.

Lo relevante, en cualquier caso, es el daño infligido a la reputación del Supremo -en la medida que destapa un sistema ineficaz y obsoleto de nombramientos- y la inseguridad jurídica derivada tanto para los ciudadanos como para los bancos. El máximo órgano de jurisdicción del Estado no puede estar sometido a actos que contribuyen a su desprestigio institucional.

Por tanto, urge que el TS fije cuanto antes un criterio jurídico nítido y transparente con relación al impuesto de las hipotecas. La Justicia no puede titubear en una cuestión que atañe a millones de españoles y al tronco de nuestro sistema financiero. Lo contrario no haría más que alimentar un populismo punitivo y corrosivo para el Estado de derecho.

El Mundo