Coordinar la acción de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña nos parece una decisión razonable y acertada. Primero porque permitirá centralizar la toma de decisiones y unificar el despliegue de los diferentes cuerpos. Y, segundo, porque garantiza la ley en aras del mantenimiento del orden público. El consejero de Interior, Joaquim Forn, denunció ayer la «injerencia del Estado» en la policía catalana porque «se salta todos los órganos» que contempla el marco jurídico. Según Forn, el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, comunicó al Govern «la voluntad de no aceptar la coordinación del representante del Estado español», en concreto, del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.

En cambio, la policía catalana envió por la tarde a todas sus comisarías una nota en la que reiteraba su «respeto escrupuloso a las órdenes» recibidas de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, «posición que seguiremos manteniendo». Además, en la misma circular, los Mossos muestran su rechazo a que una parte de sus funciones estén tuteladas por un mando único, aunque consideran que la decisión del Gobierno «en ningún caso supone la intervención» del cuerpo por parte del Estado, contradiciendo así las palabras del conseller de Interior.

El escrito remitido por los Mossos no está rubricado por Trapero, por lo que cabe interpretarlo con cautela. Pero da la impresión que este cuerpo, aunque no se ha destacado por su diligencia a la hora de investigar los preparativos del 1-O ni tampoco por su eficacia en el operativo de la última operación judicial, parece dispuestos a actuar ahora con una mayor sensatez que el Govern. El desacato de los Mossos a las órdenes del fiscal hubiera constituido una gravísima irresponsabilidad que, probablemente, se habría traducido en la adoptación de medidas de fuerza por parte del Estado.

«Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático es parar», subrayó ayer Mariano Rajoy. Sin embargo, Puigdemont y Junqueras, a lomos del radicalismo de quienes jalean la utopía soberanista, continúan muy lejos de emitir las señales necesarias que indiquen su regreso a la senda de la legalidad. Usar a los Mossos, en plena escalada de tensión, supone una raya que el Gobierno catalán nunca debería haber franqueado y que sólo parece poner coto la propia responsabilidad de los mandos de la policía autonómica.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor