LA REUNIÓN mantenida por Arancha González Laya con Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, constituye una torpeza sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Ninguno de los antecesores de Laya en el Palacio de Santa Cruz había osado reconocer de forma pública y bilateral la interlocución con las autoridades del Peñón.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se adujo ayer que durante la cita no se abordó la soberanía del Peñón. Nada más faltaría, desde luego.

Pero el solo hecho de que la titular de la diplomacia española se siente a hablar de tú a tú con el máximo responsable político de la colonia británica supone un giro que podría alterar el statu quo de la arraigada posición que hasta ahora había mantenido España con relación a la exigencia de su soberanía sobre Gibraltar.

Urge, por tanto, tal como han reclamado PP, Ciudadanos y Vox, que Laya acuda al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de su encuentro conPicardo y, sobre todo, a concretar cuál es la posición del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos en una reivindicación que hasta ahora había trascendido el color político de La Moncloa.

No se trata tanto de elegir entre la soberanía y el pragmatismo como de no dar bandazos en un asunto de especial tracendencia y simbolismo para la política exterior española. No caben renuncias, ni titubeos, ni tampoco giros precipitados en un contexto marcado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El Gobierno no está aprovechando las negociaciones del Brexit para reivindicar la soberanía española de Gibraltar, más allá del acuerdo comercial suscrito y la preservación de la seguridad jurídica de los 9.000 españoles que cruzan la verja cada día. Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había caracterizado por un temerario pasotismo en esta materia.

Hace justo un año toleró una operación de las Fuerzas de Seguridad de Gibraltar y de la Armada británica para detener a un petrolero ante las «fundadas sospechas» de que transportaba crudo con destino a un puerto de Siria, incumpliendo las sanciones impuestas por la UE.

Por otro lado, el pacto firmado entre el Gobierno de España y Reino Unido en materia fiscal sobre Gibraltar, tal como acertadamente señaló en su momento el ex ministro José Manuel García-Margallo, rompe clamorosamente los principios de igualdad de oportunidades y competencia leal con las zonas adyacentes en territorio español, en la medida en que grava los beneficios obtenidos dentro del Peñón pero no los cosechados fuera.

La cita con Picardo se enmarca dentro de una visita de varios días de la ministra de Exteriores a La Línea de la Concepción y el Campo de Gibraltar.

En lugar de centrarse en las reivindicaciones de los alcaldes de esta zona, que atañen a cuestiones fundamentales como la mejora de las infraestructuras y el refuerzo de la seguridad, ha preferido exhibir en público una interlocución directa con las autoridades gibraltareñas, lo que erosiona de forma clara los intereses de España en este histórico contencioso.

El PSOE vuelve a las andadas porque ya Moratinos, siendo ministro de Exteriores durante el mandato de Zapatero, cometió el error de visitar Gibraltar en 2009, lo que supuso un punto de inflexión en la relación con el Peñón.

Tres siglos de litigio no pueden abordarse desde la irresponsabilidad, la improvisación y la ligereza.

El Mundo