Guerrero: «En la Consejería de Empleo se acojonan y destruyen documentación»

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, denuncia que tras su salida de la Junta y al saltar el caso sus sucesores en la Consejería de Empleo «se acojonan» y «se ha destruido documentación» de los expedientes de las ayudas que dio.

Guerrero ocupó el cargo de 1999 al 2008, gran parte del periodo investigado en el caso ERE en cuya pieza política -está imputado en muchas más- se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación al crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Se sienta en el banquillo junto a otros 21 exaltos cargos de la Junta, entre ellos quienes fueron sus jefes en la Consejería de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y quien presidió los sucesivos gobiernos socialistas a los que perteneció, Manuel Chaves (también el sucesor de éste, José Antonio Griñán, con quien Guerrero coincidió durante su etapa como consejero de Hacienda).

«No tengo ninguna duda, no está la documentación que estaba en los expedientes», asegura Guerrero

No obstante, sostiene: «La Dirección General y la Consejería que sucedió a Antonio Fernández se acojonan pues destruyen documentación, no tengo ninguna duda, no está la documentación que estaba en los expedientes».

A Fernández le sustituyó en 2010 Manuel Recio, con Daniel Rivera como director de Trabajo -ambos fueron investigados en la causa que finalmente se archivó para ellos- y al estallar el caso, la Consejería de Empleo hizo una revisión de expedientes.

Según ha testificado en el juicio un investigador de la UCO, no se destruyó documentación pero sí se completaron expedientes y se «retiró información comprometida».

Preguntado Guerrero qué interés habría en manipular sus expedientes si eran correctos, dice que «no lo verían ellos, o cuando la justicia reclama algo pues la gente se pone a temblar, se le olvidan los principios, que es mejor morir de pie que vivir de rodillas».

Habla de «algunas inquinas» porque se considera «de los mejores mediadores que ha tenido la Junta», y asegura que enviaba expedientes a la Intervención General y no le pusieron «pegas» así como a la Cámara de Cuentas.

Pero insiste en que «a alguien no le ha gustado cómo se hicieron las cosas en aquella época» y «ha visto fantasmas donde no los había».

Guerrero da dos nombres: María José Rofa, exasesora que entró en la Dirección de Trabajo tras su marcha en 2008 de la mano de su sucesor Javier Márquez, y el director de Trabajo de 2010 a 2012, Daniel Rivera, de quien dice que le «parece mentira» que fuera excluido de los acusados cuando «fue uno de los autores de que se hiciera una revisión de toda la documentación».

«La señora Rafa»

Rofa declara el lunes 28 de mayo en el juicio y es una testigo clave que aportó mucha documentación para la investigación y habló de desorden y caos en la Dirección de Trabajo cuando llegó, pero Guerrero se pregunta «qué hace la señora Rofa analizando expedientes del año 2003 para llevarlos al juzgado».

«Yo no investigué ningún expediente de mi antecesor y esta señora por qué está investigando mis notas particulares de los expedientes», añade.

«Si la señora Rofa ha podido tocar esos expedientes, ¿cuánta gente no habrá podido tocarlos?, ¿qué garantías tengo yo de que la documentación es la que era?», se cuestiona.

ABC