¡ HABÍA UNA VEZ…UN CIRCO…!

Este Gobierno es único sacando partido hasta de las situaciones más escabrosas y circenses. Porque eso es precisamente lo que parece que se ha montado en este país por toda la polémica generada entorno al dichoso impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Un auténtico circo, en el que políticos, magistrados, banqueros y consumidores -contribuyentes con voto, no lo olviden, eso sí, como espectadores expectantes- han participado, quien más quien menos, en el (y del) espectáculo.

Empezando por el propio Pedro Sánchez, dispuesto a hacer populismo barato en cuanto puede. Populismo de pichiglás. Con el BOE por montera. Frente al populismo de calle de su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, que, en este asunto, quiere más. Por pedir…

Y es que ayer, tras la controvertida y ajustada decisión del Supremo en la víspera de que fueran los clientes los que cargasen con ese coste, que corregía la sentencia del pasado 18 de octubre que falló entonces que era la banca y no el cliente el responsable del pago del AJD al firmar una hipoteca, Sánchez se apresuraba a sacar cual mago otro as de la manga en forma de decretazo. ¡Y eso que su ministra Magdalena Valerio, ni dos minutos después de hacerse pública la decisión, decía que «hay que respetar las resoluciones judiciales».

Tal cual. Sánchez «respetando» esta última resolución judicial convocó una rueda de prensa ayer para anunciar la aprobación hoy de un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la ley de Transmisiones Patrimoniales y AJD, para que «nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero». ¡Aaaaaaah, ja ja ja, ja ja ja…! ¡Permítanme que me carcajee! Porque, ¿es un chiste, no?…pues ¡NO! Créanme, la banca, como cualquier otra empresa, acaba repercutiendo siempre en sus clientes la mayor parte de todos los costes posibles para ser rentable.

Pero hay más. El doctor Sánchez, que arrancaba su comparecencia asegurando que respetaba el trabajo realizado por el Supremo, no escatimó ni medio reproche a la actuación judicial: «Aprobamos este decreto-ley y damos respuesta a una situación que ha sido provocada por el Tribunal Supremo», dijo, para inmediatamente después subirse a la oleada de críticas contra la decisión de la institución que preside Carlos Lesmes: «El Supremo tiene que hacer una reflexión sobre el debate que se ha suscitado sobre su credibilidad». Un carro al que se había subido toda la clase política. ¿Alguien da más en contra del poder judicial? Ni eso nos queda. Cual país bananero. ¡Si no fuera porque es un circo que no tiene ni pizca de gracia me volvería a reír a carcajada limpia!

En apenas dos semanas se ha montado en España un ambiente prerrevolucionario en torno a una institución que debería ser respetada y reputada como pocas, pero del que todos quieren sacar réditos electorales. Pero no se engañen, las consecuencias de todos los decretos «de justicia social» de Sánchez los pagaremos los de siempre. Los contribuyentes. ¿A que no tiene gracia?

María Jesús Pérez ( ABC )