Maquillar los datos de desempleo es hacerse trampas al solitario y carece de sentido porque, antes o después, sostener en el tiempo todo el aparato de propaganda, como hace el Gobierno, se volverá en su contra. Es absurdo luchar contra la evidencia sin admitir que la estrategia de no conceder ayudas directas a las empresas es un error tan mayúsculo como seguir alentando en Europa una derogación de facto de la reforma laboral.

Los datos de desempleo conocidos ayer demuestran que la senda emprendida por el Gobierno es errática e ineficaz porque, incluso en un contexto tan complejo y dramático como es la pandemia, ninguna decisión está realmente orientada a frenar la sangría del paro.

Enero inauguró el año con 76.216 parados más y con la destrucción de 218.953 empleos. Estas cifras elevan la cifra total de desempleados a 3.964.353, es decir, casi cuatro millones de parados registrados.

Si a ello se suman los casi 739.000 españoles que siguen insertos en expedientes temporales de regulación de empleo, muchos de los cuales desembocarán inevitablemente en ERE definitivos; las 383.800 personas en «cese de actividad»; los 393.622 parados «con disposición limitada» que no se cuentan; y los 291.192 parados más que se encuentran realizando cursos formativos, y que tampoco se contabilizan, el total supera los 5.771.900 ciudadanos sin trabajo en condiciones normales.

La cifra, muy próxima ya a los seis millones, es insostenible. Y no se trata de una situación coyuntural, sino de un drama con visos de permanencia porque, incluso cuando se haya superado el Covid, serán miles de empresas las arrasadas. De momento, 2020 cerró con 109.000 empresas clausuradas que ya difícilmente podrán reabrir cuando hayamos superado la fase de inmunización generalizada.

El Gobierno puede consolarse recordando que esa cifra próxima a los cuatro millones de desempleados registrados aún no supera el paro que hubo durante la crisis de 2008. Y también puede creer que el dinero de Europa para la reconstrucción de nuestro tejido empresarial permitirá revertir la situación.

Sin duda, en algo contribuirán las ayudas al crecimiento del PIB y a una incipiente rehabilitación de nuestra economía. Sin embargo, los cálculos del Gobierno no se corresponden con los ritmos que prevén el Banco de España, la OCDE, el FMI y numerosos organismos nacionales e internacionales, mucho más pesimistas que ese tozudo triunfalismo del Gobierno.

El mercado no puede depender de una manipulación de la percepción de los ciudadanos sobre la crisis, sino de que el dinero llegue a donde debe llegar. La desconfianza en el Gobierno crece de modo ostensible porque la frialdad de los datos contrasta con su discurso repleto de medias verdades. La última de ellas, a costa de otro elemento clave de nuestra economía como son las pensiones.

ABC avanza hoy que con la nueva fórmula de cálculo de estas partidas propuesta por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ningún pensionista volverá a ganar nunca poder adquisitivo. Es cierto que tampoco lo perderá, pero en el caso de que cualquier pensión se deba calcular un año sobre la base de un IPC negativo, su titular verá después descontada una parte.

Esa diferencia será absorbida en el proceso de revalorización de la pensión que corresponda aplicar en los años posteriores en los que el resultado sea positivo. Es en definitiva un complejo rompecabezas que deja en evidencia el siempre buenista discurso del Gobierno, porque la sensación de congelación de las pensiones será evidente en un país que además camina hacia los seis millones de parados reales.

ABC