HAY DOS ESPAÑAS EN EL EMPLEO

Antes de la crisis que ha alterado el escenario político mundial, el mapa del empleo en España presentaba una mayor participación del sector privado que del público, como debería ser normal en toda economía de mercado. Diez años después, la proporción se ha invertido en favor de una sobrerrepresentación de lo público, lo que lastra la productividad y competitividad de nuestro país, además de agravar su ya cuantiosa deuda.

El informe que hoy publicamos dibuja un escenario inquietante con vistas a una desaceleración ya suficientemente anunciada. Numerosos organismos y analistas vienen advirtiendo a España de que la falta de reformas, el volumen de su deuda y su permanencia en el procedimiento de déficit excesivo nos colocan en posición especialmente vulnerable para afrontar la ralentización del crecimiento o la subida de los tipos. Los vientos de cola se han acabado y la amenaza de una nueva recesión se cierne sobre los alumnos menos aventajados.

Las dos Españas de veras no son la roja y la azul, sino la que trabaja en el sector público al amparo del presupuesto del Estado y el blindaje legislativo frente a la que asume los riesgos de la empresa privada. «La parte de la sociedad española que obtiene sus ingresos en el mercado a cambio de suministrar bienes y servicios productivos a los demás tiene un tamaño inferior a la que vive de los tributos suministrados por ella y devuelve a las arcas públicas mucho menos de lo que cuesta», concluye la consultora Freemarket Corporate Intelligence. 

El modelo socioeconómico que hemos construido favorece un desequilibrio estructural que por primera vez concede al Estado la primacía laboral sobre el mercado: los españoles que viven de la Administración -incluyendo a los que perciben subsidio- superan ya en 700.000 a los que crean riqueza desde el sector privado.

De mantenerse esta deriva, el colapso del Estado de bienestar es seguro. No cabe renunciar a conquistas sociales como el sistema sanitario, la educación pública, la asistencia judicial o las pensiones; pero precisamente por eso una economía pujante es necesaria para su sostenimiento. 

Lo que menos necesita España son medidas que disparen el gasto en tiempos contracíclicos, como propone el Gobierno de Sánchez: el hachazo fiscal, el alza irresponsable del salario mínimo, la ruptura del diálogo social para privilegiar a los sindicatos o la subida electoralista del sueldo de los funcionarios por encima del IPC serían viables si estuvieran integradas en una estrategia a largo plazo que contemplara su financiación mediante incentivos al emprendimiento y la apuesta por sectores productivos.

Muy al contrario, la oferta de empleo público sigue creciendo. Con un Gobierno sin más horizonte que la supervivencia diaria, sometido a constantes rectificaciones fruto de sucesivos encontronazos de su demagogia con la realidad, el deterioro económico es inevitable.

El Mundo