Pedro Sánchez decretó ayer un nuevo estado de alarma para toda España, con la excepcionalidad de que pretende atribuirle una vigencia de seis meses. Para ello deberá contar cada quince días con la mayoría del Congreso, algo que ahora mismo tiene garantizado. Imponer un estado de alarma nunca es deseable, pero solo cabe resignarse ante varias evidencias.

La pandemia se está agravando, la tasa de contagio y la cifra de fallecimientos aumentan exponencialmente, y está muy próxima la llegada del frío. Si a estos factores se añaden el aumento progresivo de la presión hospitalaria y las cifras tan preocupantes de las UCI, seguir de brazos cruzados ya no era una opción.

Atrás queda la irresponsable euforia con la que Sánchez dio por superada la pandemia en verano, y su última frivolidad, según la cual seríamos vacunados en diciembre. Falso.

A Sánchez le puede su afán propagandístico y le ha superado su pasividad legislativa frente al virus para poner orden en la caótica respuesta de las autonomías a los rebrotes. España vuelve a estar en condiciones sanitarias inquietantes, y esa es la primera premisa que desgraciadamente justifica la alarma, por indeseable que sea someter al país a un largo periodo de restricción de libertades.

La segunda, que Sánchez había incumplido su compromiso de aprobar una normativa flexible que permitiese a las comunidades luchar con eficacia, y sin el temor de que los Tribunales revocasen cualquier decisión administrativa abusiva con el recorte de garantías esenciales. Lo que hace Sánchez es volver a poner un parche a una situación límite después de llegar tarde al diagnóstico, y de no molestarse en atisbar soluciones eficaces durante los meses de mejoría.

Desde ahora, España vuelve a estar bajo un estado de alarma y la pretensión de que se extienda seis meses es tan extraña como discutible. Y es el reconocimiento de un fracaso político por más que Sánchez lo quiera revestir de solución global o salvavidas jurídico a los problemas de cada ciudad.

Con todo, lo más peligroso es dar un cariz de permanencia a una medida excepcional que la Constitución diseñó con carácter provisional y coyuntural. La proporcionalidad de muchas medidas que van a limitar la libertad de millones de ciudadanos, sobre todo con toques de queda encubiertos, quedará necesariamente en entredicho, y se abrirá un periodo de confusión e incertidumbre en la aplicación de la legalidad.

Medio año es demasiado tiempo. El suficiente como para que un Gobierno tan escorado a la izquierda, o que ha pretendido someter al Poder Judicial de modo arbitrario hasta que Europa le ha forzado a rectificar, le tiente sustituir paulatinamente un régimen de libertades por otro intervencionista y autoritario.

Seis meses con España legislando al capricho de Sánchez, Iglesias y el separatismo es mucho más que un estímulo para la izquierda. Es todo un síntoma que obliga a las instituciones a permanecer alerta para impedir cualquier exceso. En el fondo es la misma democracia la que está en juego, y si La Moncloa aprovechase el estado de alarma para alterar los equilibrios de poderes y las garantías constitucionales, sería el propio sistema lo que peligraría.

Además, la alarma no es la panacea de todos los males. La atención primaria necesita una mejoría notable, los rastreos deben multiplicarse, evitar el colapso hospitalario es una exigencia irrenunciable, y es razonable empezar a pensar que se avecinan confinamientos más drásticos si la pandemia no remite.

Conviene sincerarse y no descartar ese escenario para un país muy deprimido anímicamente y hundido en la recesión, porque la alarma no es una solución en sí misma.

ABC

viñeta de Linda Galmor