HAY QUE MANIFESTARSE MÁS QUE NUNCA

La, cuando menos, incómoda sensación de que el Gobierno que rige los destinos de la nación va a la deriva, arrastrado por su pacto con los nacionalismos radicales y la extrema izquierda, tomó ayer cuerpo en el esperpento de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la vicepresidenta del gabinete, Carmen Calvo, teatralizó la suspensión del diálogo con los separatistas catalanes con una argumentación que, simplemente, supone tomar por desavisados a los ciudadanos.

Que la señora Calvo descubra que sus socios de la moción de censura pretenden imponer al Estado un referéndum de autodeterminación de Cataluña sólo puede responder a un regate táctico con el que conseguir un poco de oxígeno para un Gobierno, sin duda, abrumado por la reacción social ante sus tratos con los independentistas.

Porque el problema de fondo, como el dinosaurio de Monterroso, aún sigue ahí, materializado en la llamada «Declaración de Pedralbes» que, ayer, por fin, se hizo pública en toda su extensión, y que recoge paladinamente unos acuerdos con los nacionalistas totalmente inaceptables para la dignidad de la democracia española y sus legítimas instituciones.

Por eso, ahora más que nunca, es preciso acudir a la manifestación convocada en Madrid por los principales partidos de la oposición para reclamar, sí, el respeto a la soberanía nacional y exigir la convocatoria de elecciones, pero, también, para que el Gobierno que preside Pedro Sánchez retire un documento vergonzoso, que mantiene vigente, y en el que se articulan mecanismos de diálogo con los separatistas que degradan nuestro marco constitucional.

Es preciso, insistimos, que la sociedad española deje patente su hartazgo ante la permanente extorsión del separatismo y su determinación frente a quienes pretenden trasladar a la opinión pública internacional una imagen de bilateralidad «entre los gobiernos de España y Cataluña», tal y como reza, ignominiosamente, en el primer párrafo de la citada Declaración de Pedralbes, lo que supone, nada menos, que el establecimiento de un plano de igualdad con quienes se han saltado las leyes.

Se podrá argüir, y es cierto, que en la redacción del documento existen suficientes salvaguardas de los principios constitucionales, aunque estén redactadas en un lenguaje que quiere ser obsequioso para con los nacionalistas, pero se trata de algo obligado, puesto que ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia, puede actuar contra lo que establece nuestra Carta Magna.

Lo que se cuestiona es la aceptación por parte del Ejecutivo socialista de unos mecanismos de diálogo que eluden, en el mayor interés de los separatistas, los marcos predeterminados de la representación popular que son el Congreso de los Diputados y, en lo que se refiere a la autonomía catalana, el Parlament, y cuya finalidad última queda oscurecida por los sofismas del documento. No. La soberanía nacional y su representación democrática tienen unos cauces insoslayables que deben ser respetados.

Y si son entendibles las dificultades que afronta Pedro Sánchez para gobernar desde una minoría de 84 escaños con el apoyo de quienes pretenden, lisa y llanamente, romper la unidad de España, lo cierto es que la responsabilidad es sólo suya.

No puede llamarse a engaño quien llegó al poder de la mano de los mismos partidos que acababan de protagonizar una intentona golpista en Cataluña y que, en lo inmediato, buscan eludir las consecuencias penales de sus actos y, a medio plazo, obtener la mayor rentabilidad política posible de la debilidad gubernamental.

La sociedad española reclama respeto a sus instituciones y al ordenamiento jurídico, y ello pasa necesariamente por una convocatoria electoral. Es lo que van a demandar los ciudadanos este domingo.

La Razón