HAY UN PLAN

Al poco de tomar el poder en 2018 sin haber ganado los comicios, Sánchez comentó en una entrevista algo que pasó desapercibido. Dejó caer que tenía un proyecto «hasta 2030» para darle la vuelta a España. En aquel momento, que un gobernante en posición tan precaria mostrase tal ambición resultaba casi risible. Hoy ya no.

Comienza a perfilarse que existe un plan. Resumirlo es sencillo. Se trata de aflojar hasta el extremo las costuras del país para forjar una alianza de socialistas y separatistas, que permita a la izquierda perpetuarse en el poder, aprovechando ese mando para inocular un nuevo credo social progresista, donde todo lo situado a la derecha del PSOE quede estigmatizado como regresivo e inadmisible.

Lo primero que requiere un plan así es dominar los medios, fase ya culminada casi al completo. Todavía pervive el pluralismo en la prensa, que además conserva gran influencia con su éxito digital. Pero merced a la miopía del tándem Santamaría-Rajoy, la izquierda ostenta el cuasi monopolio del medio decisivo para formatear la opinión pública: la televisión. Significativamente, la primera medida de Sánchez fue asaltar la cadena pública (y el instituto nacional de encuestas).

La revolución 2030 topa todavía con tres obstáculos correosos: la oposición, en realidad empatada en votos con el bloque de izquierda; los jueces, que como no podía ser de otro modo garantizan que se observe la legalidad; y el Jefe del Estado, que se atiene a su ineludible deber de defender el orden constitucional, empezando por la unidad de España y la soberanía del pueblo español, pilares sobre los que se asienta todo lo demás.

La primera tarea de la autodenominada «coalición progresista» es erosionar esos diques, hasta un punto en el que la opinión pública empiece a considerar plausible la posibilidad de derribarlos.

Sin explicitar el plan, la piqueta ya está trabajando. La oposición constitucionalista es vilipendiada y tachada de antisistema, mientras se lisonjea a los separatistas. La número 2 del PSOE, la muy básica Adriana Lastra, llegó a acusar en sede parlamentaria «a las derechas» de tramar «un golpe de Estado». El presidente carga contra PP y Cs, a los que caricaturiza como antidemócratas. Vox directamente es tachado de fascista.

El segundo frente son los jueces. La enfática promesa del PSOE y Podemos de «desjudicializar» la política alberga en su entraña una pulsión totalitaria, pues lo que se está diciendo es que según los casos -¿al arbitrio de la «coalición progresista»?-, el Código Penal quedaría en suspenso (ya está pasando con la inhabilitación de Torra).

Cuando el vicepresidente Iglesias, el ministro Garzón y Echenique pregonan que «este país tiene un problema con la derecha judicial», lo que están propugnando es que todos los jueces habrán de ser progresistas, o no serlo. Justicia de partido. Más totalitarismo.

El último obstáculo es Felipe VI. Misión ardua por su prestigio popular. Pero comienza el cerco. Ministros del nuevo Gobierno lo señalan como «un Rey de derechas» -¡porque defiende la Constitución y la unidad de España!- y Sánchez lo trata con cultivado desdén. El éxito del plan dependerá… de la lucidez de los españoles.

Luis Ventoso ( ABC )