UNA INDIGNACIÓN SOCIAL QUE EXIGE TEMPLE POLÍTICO

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UNA INDIGNACIÓN SOCIAL QUE EXIGE TEMPLE POLÍTICO

La condena por abuso sexual a los cinco integrantes de La Manada ha causado un hondo impacto social de difícil parangón. A diferencia de otros sucesos de calado conocidos con anterioridad, en esta ocasión a la ola de indignación provocada por la Audiencia de Navarra a causa de no apreciar el delito de violación -pese a que en los hechos probados hace constar de manera explícita y detallada el sometimiento al que fue sometida la víctima- se ha unido una inédita movilización ciudadana y la unánime crítica política a un fallo discutible cuyo voto discrepante contiene expresiones humillantes e inapropiadas hacia la víctima.

Las protestas en las principales ciudades españolas aportan una novedad sustancial con respecto a otros casos que han suscitado escándalo social. Es la primera vez que las calles se llenan de mujeres y hombres para exigir no sólo la revocación de una sentencia, sino la modificación del Código Penal para agravar los delitos relacionados con agresiones sexuales. Resulta imposible no vincular esta reacción con la sensibilidad alrededor de las reivindicaciones de igualdad, cuyo epítome se materializó en las multitudinarias marchas del pasado 8 de marzo. Los jueces tienen la obligación de aplicar las leyes mientras que el deber de los ciudadanos, incluidos los representantes políticos, es acatar y respetar las decisiones de los tribunales. Sin embargo, ni los jueces pueden permanecer aislados de la sociedad ni la ciudadanía condicionar su labor hasta el punto de practicar una suerte de veredicto social impropio de un Estado de derecho.

El fallo de la Audiencia de Navarra sentencia a los acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales. No es una condena baladí en términos derecho comparado teniendo en cuenta que la pena por homicidio alcanza la decena de años. En todo caso, el rechazo de amplios sectores sociales se debe al descarte de la condena de 18 años de prisión por agresión sexual, que exige penetración no consentida y que haya violencia e intimidación. Los hechos probados se basan en la versión de la denunciante: los cinco acusados la penetraron vaginal, anal y bucalmente sin su consentimiento libre.

Sin embargo, el tribunal admite que existió prevalimiento y no intimidación, lo que resulta cuestionable teniendo en cuenta la superioridad física de los cinco hombres -entre ellos, un guardia civil y un militar-, el “sitio angosto” en el que se cometió el delito y el hecho de que ella estuviera ebria. Aunque no mediara violencia por no concurrir golpes u otros actos de fuerza física, las circunstancias reflejan una intimidación que anula cualquier resistencia y que supondría agresión sexual.

Desde luego, todo acceso carnal no consentido es violencia en sentido general. Sin embargo, la realidad es que la ley exige acreditar la falta de consentimiento en delitos relacionados con agresiones sexuales. Se puede disentir de la interpretación de los jueces, pero lo que resulta inaceptable es desacreditar a todo un tribunal por no dictar una sentencia a golpe de tuit o de emociones. En tal caso podríamos someter la arquitectura jurídica de nuestra democracia a la voluntad de las masas.

La discrepancia mostrada por los principales líderes políticos, a rebufo de la ola ciudadana, obedece a una reacción de corte populista. El Gobierno se ha abierto a revisar la tipificación de las agresiones sexuales, pero no parece que este contexto sea un buen momento para revisar los tipos penales en esta materia. Primero porque la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Y, segundo, porque legislar en caliente -pese al comprensible enojo ciudadano por la gravedad del delito enjuiciado- supone un atajo inadecuado. Las agresiones sexuales constituyen una lacra que merece el máximo repudio social. Corresponde al legislativo evaluar si el reproche penal debe endurecerse. Entretanto, lo que erosiona el Estado de derecho es pretender que los juicios se diriman no en función de la ley, sino al arbitrio de la calle y los platós de televisión.

El Mundo