Aunque el fallo se dio a conocer en julio, la textualidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE fraudulentos se hizo pública este miércoles. Era sabido que el Alto Tribunal confirmaría la condena por malversación de caudales públicos y prevaricación al que fuera presidente de la Junta andaluza, y del PSOE, José Antonio Griñán, y también por ese segundo delito a su antecesor, Manuel Chaves, entre una veintena de altos cargos socialistas. El de los ERE –más de 700 millones de euros malversados durante una década larga– es el caso de corrupción más grave ocurrido en democracia.

Y así lo acredita la sentencia, reafirmando que se creó una red clientelar en torno a ese dinero para beneficiar a militantes, amigos y familiares, y que se dispuso de él de forma libre y arbitraria eludiendo todo tipo de control y fiscalización.

Respecto a Griñán, se sostiene que la responsabilidad es atribuible tanto a quienes conocieron y ejecutaron los pagos de ese dinero, como a quienes consintieron que se pagara –se malversara–, conscientes de que se estaban produciendo graves irregularidades.

Hasta aquí, los hechos sobre cómo la Junta de Andalucía se convirtió en una maraña de amiguismo bajo la pretendida idea de que el dinero servía para atender a miles de parados sometidos a expedientes de regulación de empleo mientras se reciclaban laboralmente en otros trabajos. Un fin social como coartada para toda una telaraña de corrupción.

Sin embargo, las consecuencias políticas serán desde hoy mucho más relevantes que las jurídicas. De momento, es incierto que Griñán ingrese en prisión para cumplir su condena de seis años. Lo lógico, atendiendo a la doctrina del TC de no suspender la ejecución de la pena cuando es tan alta, es que ingrese en la cárcel en cuanto la Audiencia de Sevilla decida.

Cuestión de días o semanas, como máximo. Sin embargo, Griñán ya ha puesto en marcha una doble estrategia para evitarlo. Por un lado, formalizando la anómala solicitud de un indulto preventivo al Gobierno sin siquiera haber conocido la sentencia; y por otro, planteando al TC que paralice su ingreso en prisión como excepción personal y privilegiada.

En este sentido, la atmósfera política ha sido muy viciada por el PSOE aduciendo que se trata de una condena injusta y que Griñán nunca se lucró personalmente, como si fuesen argumentos suficientes para desactivar la malversación, o como si ese delito solo implicase un enriquecimiento de quien lo comete, algo falso.

Más aún, ha habido manifiestos de destacados socialistas como Felipe González o Zapatero reclamando un indulto innegociable. La presión política y la coacción pseudojurídica sobre los jueces es una constante en el PSOE para desautorizar a los tribunales cuando le conviene.

Ahora es el Gobierno quien tiene un complejo puzle que resolver. Un indulto podría tardar meses, y en ese plazo Griñán debería estar en prisión, con un efecto demoledor para los socialistas. Y acelerarlo desde La Moncloa también repercutiría negativamente en Sánchez, entre otros motivos porque es público y notorio que rechazó conceder indultos a políticos corruptos.

Más incluso si se trata de un indulto selectivo que excluya a otros históricos socialistas también condenados. No será fácil ni para el Gobierno ni para Griñán. Cualquier salida dando inmunidad a la impunidad será conflictiva.

La sentencia no ha sido unánime. Tres magistrados ratificaron las condenas, y dos magistradas consideran en un voto particular discrepante que Griñán no tenía por qué conocer la gestión fraudulenta de los ERE. Más allá de la corrección jurídica y de la legítima interpretación diferente de los hechos, sentencia solo hay una. Ningún voto es una sentencia paralela ni puede restar credibilidad al fallo mayoritario.

Sin embargo, en este caso el voto particular está siendo utilizado por el PSOE como argumento y coartada ideal para fundamentar la idea de un indulto. Pero es solo oportunismo. Cuando un voto exoneraba al PP en la primera sentencia de Gürtel –la que sirvió a Sánchez como excusa para ganar la moción de censura a Rajoy–, aquel escrito era, en el ‘relato’ socialista, el de un juez derechista obediente a ese partido. Era irrelevante lo que expusiera. En cambio ahora, los votos particulares son biblias jurídicas y quien comete una injusticia inasumible es la mayoría del TS.

El respeto real por la Justicia no debería pasar por este manoseo de sus resoluciones. Y menos, cuando sitúa a las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo en una compleja tesitura: ambas son magistradas prestigiosas, con legítimas aspiraciones profesionales, y con ascendencia en la izquierda judicial. La conclusión es clara.

El propio PSOE les hace un flaco favor y abre la puerta a que su voto particular se mida con un rasero político favorecedor de Griñán, y con criterios de sumisión conciliadora a La Moncloa a la espera de un premio.

ABC