INDULTOS POR LA PUERTA DE ATRÁS

No puede resultar más pertinente la petición de la Fiscalía al Tribunal Supremo de que los políticos que resulten condenados por el 1-O no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena de cárcel. Concluida la fase de la prueba y mantenida la acusación de rebelión, es obligado reclamar un periodo de seguridad ante delitos muy graves castigados con penas severas.

La Sala Segunda debe atender esa justa reclamación en su momento, máxime cuando de la actitud de los procesados no solo no se extrae indicio alguno de arrepentimiento por los incalculables daños causados a la sociedad; antes bien, los responsables manifiestan una altanera contumacia.

La última prueba de su desafiante voluntad de reincidencia pudimos atestiguarla en las burlonas fórmulas de acatamiento escogidas durante la constitución de las Cortes por los presos electos, hoy suspendidos de sus funciones parlamentarias.

Premiar con el tercer grado a golpistas condenados en firme constituiría una aberración jurídica. La Fiscalía se anticipa así a la amenaza de la Generalitat de emplear todos los mecanismos a su alcance -y son muchos, gracias a la transferencia a Cataluña de las competencias penitenciarias- para escamotear a los eventuales condenados el cumplimiento íntegro de la pena fijada. 

El caso de Oriol Pujol sirve de precedente revelador: fue condenado a dos años y medio por el cobro de comisiones ilegales en el caso de las ITV; pasó apenas 57 días encarcelado, hasta que la Consejería de Justicia encabezada por Ester Capella, de ERC, decretó el tercer grado para el primer miembro del clan Pujol en pisar la cárcel; la juez de vigilancia penitenciaria ordenó su reingreso en prisión, pero hoy Oriol Pujol saldrá a la calle en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una suerte de tercer grado por la puerta trasera de la que espera abusar de nuevo la Generalitat de Torra para recompensar a quienes considera unos héroes. Lo advertimos ya: esto puede repetirse con el golpe del 1-O.

Si ocurriera, los condenados ni siquiera tendrían que formular una petición de indulto al Gobierno para esquivar el rigor del castigo. Bastará con que el Ministerio del Interior, hoy dirigido por Fernando Grande-Marlaska, acuerde la entrega de los sentenciados a las cárceles catalanas para cumplir la pena, donde pasarán a disposición de un Govern separatista que tiene las llaves de presidios como el de Lledoners, donde los procesados ya gozaron de un escandaloso trato de favor.

Marlaska conoce perfectamente la virtualidad del artículo 100.2: si decide enviarlos a cárceles que están sometidas a un poder autonómico desleal y unos golpistas condenados se mofan de la justicia impartida por el más alto tribunal del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá asumir las consecuencias. La historia nos enseña que los golpes de Estado que antes se repiten son los que no se castigan.

El Mundo